Sin colaboración, no hay sostenibilidad posible en el Biobío

La región del Biobío enfrenta un problema serio que trasciende lo puramente ambiental: padecemos de una profunda fragmentación. Tal como quedó en evidencia en un reciente conversatorio con la industria regional en IRADE, hoy enfrentamos desafíos sistémicos —como la gestión del agua, el aire, los residuos, la biodiversidad y el cambio climático—, pero los seguimos abordando de manera aislada, empresa por empresa, sin mirarnos. Este enfoque individualista tiene un alto costo que termina pagando nuestro territorio.

Si bien existen iniciativas alentadoras, como los programas de prevención de incendios mediante el involucramiento comunitario de la empresa Arauco, resulta preocupante lo poco que este tipo de experiencias se replican y escalan. La razón es clara: carecemos de puentes institucionales. Actualmente, la academia, la empresa y el Estado operan en carriles paralelos, cuando la urgencia exige que transiten por el mismo camino.

La gran paradoja es que la información científica y los datos técnicos sobre la capacidad de soporte de nuestro territorio ya existen y están disponibles. El problema es que el conocimiento no circula. Cuando las decisiones se toman en un vacío de información, los conflictos con las comunidades inevitablemente escalan y las inversiones quedan expuestas a una incertidumbre que era totalmente evitable. En este contexto, la licencia social para operar no es un mero discurso de responsabilidad social ni un trámite administrativo; es un activo real que se construye con datos compartidos y presencia en el territorio. Una empresa que ignora esta realidad no está siendo eficiente, sino que está acumulando riesgos.

A este escenario, el cambio climático le añade una urgencia ineludible. Las sequías más intensas, los eventos extremos y la presión sobre los recursos hídricos ya no son proyecciones a futuro: son la realidad productiva del Biobío de hoy. Las empresas que no incorporen estas variables en sus modelos de negocio no están planificando a largo plazo, están planificando para la incertidumbre.

A pesar de la crisis institucional, las universidades siguen siendo de las pocas instituciones en las que la ciudadanía todavía confía, un activo invaluable y escaso. Desde el Centro EULA entendemos este rol como una responsabilidad concreta: nuestro objetivo no es dictarle a la industria qué debe hacer, sino entregar la evidencia empírica que permita tomar mejores decisiones antes de que los problemas se conviertan en conflictos o pérdidas

Existe una oportunidad real de transformar a esta región en un polo de innovación ambiental. Pero esto requiere de un cambio de paradigma: la industria, el Estado y la academia deben dejar de mirarse con distancia y empezar a construir en conjunto. La ciencia está lista para ser ese puente; la verdadera pregunta es si tenemos la voluntad de cruzarlo.