Violencia contra las mujeres en Chile: reflexiones a la luz del proceso constituyente

El jueves 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que nuevamente nos vestimos de naranja para generar conciencia y pasar a la acción para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, representando a través de este color —brillante y optimista— un futuro sin violencia contra ellas.

Lamentablemente, a pesar de los 13 años que han pasado desde que la Secretaría General de Naciones Unidas, en el año 2008, lanzara la campaña ÚNETE hasta 2030, como un esfuerzo de varios años con el objetivo de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo, los resultados a la fecha distan de ser alentadores.

Las cifras de prevalencia publicadas por la Organización Mundial de la Salud, basadas en datos de 2018, confirman que una de cada tres mujeres en todo el mundo ha sido sometida a violencia física o sexual por parte de la pareja u otro agresor, lo que indica que los niveles de violencia contra este grupo siguen siendo preocupantemente altos, y que los avances en los derechos de la mujer son frágiles.

En el punto más extremo de este aberrante fenómeno, a nivel mundial, se estima que 137 mujeres son asesinadas por su pareja o por un familiar cada día. Y se debe considerar que estas cifras no reflejan el impacto de la pandemia de COVID-19.

El aumento de la violencia contra las mujeres, relacionado con la pandemia por COVID-19 y las medidas para su control, sigue siendo denunciado en líneas telefónicas de ayuda ante las policías y ONGs. Según reportes de la ONU, durante la pandemia las llamadas a las líneas telefónicas de ayuda se han multiplicado por cinco en algunos países a medida que aumentan los índices de denuncia de violencia de pareja. La limitación de movimientos, el aislamiento social y la inseguridad económica están incidiendo en la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia en el hogar en todo el mundo.

Además del impacto de la COVID-19, hay un evidente aumento de este tipo de violencia en todo el mundo debido a las crisis causadas por desastres naturales, como el terremoto en Haití, y desastres provocados por el ser humano, como conflictos y guerras. Baste recordar lo vivido en Afganistán, y más cerca de nuestra geografía lo que se vive en Venezuela.

En consecuencia, mantener los avances en los derechos de las mujeres, que tanto ha costado conseguir, y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en todas sus identidades intersectadas se convierten en objetivos esenciales, ya que la pandemia a la sombra, la violencia contra las mujeres y las niñas no ha terminado; y las mascarillas, distancia y vacunas no sirven contra ella.

En ese contexto, la oportunidad que como país hemos abierto —al sentarnos a escribir de manera democrática nuestra carta fundamental, con participación transversal, paridad de género y representación de pueblos originarios— nos permite claramente avanzar en la creación de un entorno propicio de políticas, leyes y recursos orientados a lograr avances transformadores hacia la eliminación y prevención de la violencia de género.

Ahora que la Convención Constitucional entró en las materias de fondo, nuestro llamado es a que se acoja la iniciativa constituyente presentada por 16 mujeres convencionales feministas de todas las tendencias y conglomerados presentes en la Convención Constitucional —y a la que han adherido 40 convencionales y más de 200 organizaciones de nuestro país—, que establecería el reconocimiento del Estado al derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado.