Noelia Carrasco: “La pregunta es cómo pasar a un modelo donde tenemos soberanía alimentaria”

Soberanía alimentaria. Una idea que desde hace tiempo ronda en colectivos sociales, académicos y políticos. Se trata de un concepto que busca hacerse cargo de la procedencia de lo que comemos, privilegiando aquellos alimentos que son producidos de forma sustentable o en menor escala, y que no viajan la mitad del planeta para llegar a nuestra mesa.

Este concepto amplía la mirada sobre la inseguridad alimentaria, que es el riesgo de no contar con alimentos suficientes para garantizar una nutrición básica. En el caso de la soberanía, la pregunta no es solamente si existen alimentos disponibles, también implica un cambio de mirada respecto a cómo se alimentan las personas.

“Me atrevería a decir que la inseguridad alimentaria es uno de los fundamentos, el paradigma que justifica la propuesta de la soberanía alimentaria. Es decir, cómo superamos el paradigma de tener rutinas de alimentación en base a este consumo centrado en los mercados y en una producción de alimentos industrial. Lo que hace la soberanía alimentaria es tomarse de ese argumento crítico y decir cómo pasamos de un modelo de alimentación que nos inseguriza y nos pone en una situación de dependencia, hacia un modelo donde tenemos soberanía, en contraste a esta dependencia, superando la inseguridad, y teniendo alimentos sanos, estacionales, estructurando dietas en cuanto a ciclos favorables a los ritmos biológicos y culturales”, señala la Dra. Noelia Carrasco, directora del programa Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina de la Universidad de Concepción.

¿Cómo podría favorece la soberanía alimentaria a las personas con menos recursos?

La soberanía alimentaria es un paradigma de producción y consumo de alimentos que no está centrado en la dependencia del capital. Es decir, parte de la base de que el capital no es imprescindible para poder alimentarnos bien. Lo que sí es imprescindible es tener un acceso colectivo, comunitario, público, a espacios donde poder producir alimentación saludable, acceder a formas de consumo que me permitan a su vez acceder a una dieta segura, y también es un paradigma que promueve que la alimentación sana es un derecho de todos, no está sujeta a los mercados y a la capacidad de manejo de capital y capacidad de adquisición de las personas.

Desde ese principio, hoy se está impulsando —no solo desarrollando de forma espontánea, como sucede con las ollas comunes y otras estrategias de organización— otras iniciativas pensadas desde este prisma de soberanía alimentaria, buscando mayores articulaciones entre organismos públicos, el uso de espacios públicos y la promoción de esta forma de entender la alimentación cercana, saludable, común, en donde ya no hay un factor de clase que determine el derecho a una alimentación saludable.

Desde hace varios años que Chile indicaba que 600 mil personas estaban sufriendo de inseguridad alimentaria. ¿Qué problemas teníamos antes de la pandemia en estas materias? 

Antes de la pandemia, yo diría que lo que predominaba en materia alimentaria en nuestra sociedad era una estructura muy vertical y excluyente de acceso a repertorios de alimentos basados en ese poder adquisitivo del que antes hablábamos. Eso significa que ya veníamos con una situación de desigualdad profunda, en donde un importante sector de la población, que vive endeudado y vive de empleos inestables y están hoy sin empleo, se ha alimentado las últimas décadas de la góndola del supermercado, los productos industrializados, de origen desconocido, fuertemente cargada al uso de conservantes, productos altos en sodio y azúcares. Esto se ve reflejado en los indicadores de morbilidad de esta población, altos en obesidad infantil, femenina, y otros padecimientos como la hipertensión.

Ya veníamos con un escenario límite, donde nuestra población más vulnerable y mayoritaria en nuestro país, tenemos que decirlo, son familias que se alimentan en base a la capacidad de crédito que ofrecen los mismos supermercados. Hoy esa misma población ya ni siquiera tiene acceso a eso. Ahí se abre la posibilidad de enfrentar esta crisis alimentaria desde una perspectiva de soberanía y no solo de inseguridad, lo cual significa entender que esto la podemos resolver con estrategias que no pasan solo por inyectar recursos y entregar cajas, sino que también por articular actores en redes productivas de vinculación campo-ciudad que favorezcan el acceso más justo a otros recursos, para propender a un nuevo esquema de alimentación.

¿Se trata de un problema crónico? Porque los cambios que planteas son para largo plazo.

Evidentemente que es una crisis crónica. Es una situación que viene arrastrándose y que nos trae —como chilenos— a situaciones límites de inseguridad alimentaria, sobre todo a la población más vulnerable. Si bien pueden parecer cambios a largo plazo, lo que tenemos es que la pandemia también va a tener que acelerar esos plazos. La pandemia no solo significa resolvamos el problema alimentario, también puede significar rediseñar la estrategia para el problema alimentario. Eso puede demorar más, pero las propuestas de la soberanía alimentaria para propiciar estas transformaciones están andando también. Es cosa de visibilizarlas.

En lo macro, Chile tiene buenos indicadores en la materia, comparado con el resto de los países de la región. ¿Eso impide reflexionar sobre los cambios que se debieran implementar?

Esa idea es concordante con las lecturas que piensan que el desarrollo se juega en esas cifras macro. Sin embargo, una somera indagación deja en evidencias las profundas estructuras de desigualdad que están detrás de esas cifras positivas macro, porque basta que uno indague a quién favorecen esas cifras positivas para entender que no es precisamente a los sectores más vulnerables de nuestro país. No me parece la lectura correcta, me parece una lectura interesada, política. No la comparto desde el punto de vista científico, porque desde lo que se observa en los territorios en nuestro país, lo que vemos es que la expansión de esta economía basada en desarrollos extractivos, a lo largo de todo el país —pienso en la minería, la agricultura, la forestal, la salmonera— son actividades que han ido en perjuicio del desarrollo de los sistemas productivos de nuestros territorios. Decir que no estamos tan mal es no entender lo que se vive en las dinámicas productivas, territoriales, medioambientales, de nuestro país y América Latina las últimas décadas.

Hoy la escasez hídrica tiende a asfixiar una situación de agonía de los sistemas productivos campesinos, que ha venido dándose durante las últimas décadas y que ha estado acompañada de las transformaciones por la escasez hídrica, las transformaciones culturales producto de acuerdos internacionales y el funcionamiento de un sistema económico internacional que ha favorecido que nuestros territorios se ‘descampesine’, que el campesinado haya ido desapareciendo, y eso efectivamente ha impedido que hoy tengamos una producción agropecuaria fresca y directa. Por ahí va más bien la mirada científica ahora.

Para hacer efectivo este paradigma de la soberanía, ¿cuáles son los cambios que debieran ocurrir tanto desde la política pública como desde la ciudadanía?

Creo que la política pública, los diseñadores de política, tienen una nueva cancha que rayar, y es de esperar que lo hagan de la forma más plural posible. En términos alimentarios, yo creo que eso va a ser difícil de modificar, estamos hoy siendo parte de un fenómeno de globalización de consumo de alimentos que es incesante, y que los últimos años ha sido hasta agresivo en algunos lugares. La oferta es cada vez más amplia y eso a su vez exige a los consumidores no solo tener recursos, sino visiones, imaginarios. Desde el punto de vista de la política pública hay un escenario auspicioso para poder pensar las políticas de alimentación, recogiendo estos planteamientos que hace el paradigma de soberanía alimentaria respecto de la importancia de los productores locales. Desde el punto de vista de las comunidades, creo que hay autonomías que van a ser innegables y hay comunidades cuyo funcionamiento de estrategias de distribución y enfrentamiento de la crisis funciona sin necesidad de que venga ningún Estado u organización a decirles qué hacer.

Eso es algo que en el mundo rural y comunitario es un factor determinante para resolver necesidades comunes y hoy funciona de manera casi espontánea. Lo que uno ve, es que organizaciones comunitarias urbanas, marginales, están estructuradas hace rato. Hay que tener un lente amplio porque las respuestas pueden ser muy heterogéneas. Lo importante es que haya atención a la expresión colaborativa en la construcción de soluciones y las universidades están llamadas a cumplir un rol importante en eso.