A juicio de docentes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, los incendios de enero de 2026 abren un proceso de reconstrucción en el Biobío que trasciende la mera reposición de viviendas.
Los siniestros dejaron en la zona un saldo de 3.399 viviendas destruidas y 20.962 personas damnificadas, según reportó Senapred.
El largo historial de catástrofes registradas en la región, para las voces expertas, pone en el centro la relación entre la urbe y el paisaje al momento de pensar en la reconstrucción.
Reconstrucción en el Biobío: Debilidades en gobernanza del riesgo
El Vicedecano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Dr. Alejandro Lara San Martín, advirtió que la rápida transformación de los incendios forestales en una gran emergencia urbana evidenció debilidades estructurales en la gestión de la interfaz urbano-forestal.
«Cuando la planificación urbana, el manejo de combustibles y los estándares de protección de viviendas (fajas cortafuego, continuidad de vegetación, accesos, hidrantes, etc.) no están integrados, el incendio “salta” rápidamente desde el paisaje a barrios densos», detalló.
A lo anterior, el docente del Departamento de Arquitectura sumó la dispersión de las capacidades locales y una preparación insuficiente.
«Senapred exige planificación y coordinación multiescalar, pero en la práctica muchas capacidades críticas (prevención, fiscalización territorial, preparación comunitaria, planes locales) quedan débiles o heterogéneas entre comunas, justo donde la interfaz es más riesgosa», sostuvo.
Estos factores, a juicio del académico, limitaron la capacidad de amortiguar el evento antes de que la respuesta de emergencia se viera sobrepasada.
El valor del espacio público
La Directora del Magíster en Gestión y Arquitectura Resiliente para la Reducción del Riesgo de Desastre (Magar), Mg. Manon Pommiez Aqueveque, enfatizó el rol estratégico del espacio público en la reconstrucción y en la construcción de resiliencia urbana.
«La reciente emergencia dejó al descubierto una serie de falencias que tienen que ver con la capacidad de respuesta a la emergencia de la ciudad a nivel de barrio, más específicamente la falta de espacios públicos», declaró.
Más que ser solo áreas recreativas, estos espacios, agregó la docente, pueden representar una complejidad mayor: «Estos lugares se convierten en plataformas sociales, ecológicas y estratégicas que permiten a las comunidades prepararse, responder y recuperarse frente a desastres».
Los espacios públicos son capaces de operar como infraestructura crítica en contextos de evacuación, encuentro y distribución de ayuda, lo que subraya su papel ante las emergencias.
«Cuando su diseño incorpora criterios de gestión del riesgo, como rutas de escape claras, señalización adecuada o superficies resistentes, estos lugares aumentan significativamente la capacidad de respuesta colectiva», dijo Manon Pommiez.
También destacó como fundamental para la resiliencia la cohesión social, capacidad que es altamente potenciada por el espacio público.
«La interacción cotidiana entre personas fomenta redes de apoyo, confianza y sentido de pertenencia, factores que influyen directamente en la rapidez con que una comunidad puede organizarse ante una emergencia. Los vínculos sociales que se fortalecen en estos espacios son el motor de la acción colectiva: vecinos que se conocen y se reconocen pueden coordinarse mejor para enfrentar crisis y reconstruir tras ellas», señaló la académica.
Un paisaje altamente inflamable
La Directora del Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles (Maprus), Dra. Paulina Espinosa Rojas, planteó que el proceso de reconstrucción es una oportunidad para corregir los patrones de ocupación que hicieron anticipable la magnitud de la emergencia.
«En Penco, Lirquén y Punta de Parra existe una continuidad directa entre monocultivos forestales y áreas residenciales, sin franjas de protección ni espacios de transición. A eso se suma un modelo forestal basado en especies de rápida combustión, contextos de sequía sostenida en el tiempo y un crecimiento urbano que ha ocupado laderas, quebradas y bordes sin condiciones adecuadas de acceso o evacuación», afirmó.
Considerando estas condiciones, la Dra. Paulina Rojas estimó que «lo ocurrido era previsible porque el territorio ya estaba configurado como un paisaje altamente inflamable».
La académica también advirtió que el proceso de reconstrucción no puede abordarse como una operación de reposición estructural exclusivamente, sino que hay que replantear la relación entre ciudad y naturaleza en la interfaz urbano-forestal.
«Es clave introducir discontinuidades en el tejido forestal, incorporar espacios abiertos y áreas verdes que funcionen como zonas de amortiguación, y evitar la ocupación residencial continua en zonas de alta exposición», señaló.
Lecciones
La experiencia del proceso de reconstrucción posterior al terremoto y tsunami de 2010 aparece como un referente relevante, tanto por sus aprendizajes como por los errores cometidos.
Según el Dr. Alejandro Lara, en ese periodo la instalación de mecanismos de seguimiento y trazabilidad de los compromisos públicos pudieron apoyar la legitimidad en el tiempo del proceso de.
«El cierre/seguimiento de compromisos (qué se prometió, qué se ejecutó, dónde están los cuellos de botella) fue clave para sostener la legitimidad en el tiempo. Esa lógica de “promesa verificable” es totalmente aplicable hoy», afirmó el Vicedecano.
También dijo que la reconstrucción debe vincularse de forma patente con la reducción de riesgos, con acciones que apunten a bajar al exposición de la población.
«Una lección explícita del proceso 27F es que reconstruir debe conectarse con el desarrollo territorial incorporando medidas para disminuir el riesgo, no solo reponer».
Reconstrucción que integre paisaje, territorio y seguridad
Para la Directora del Magíster en Gestión y Arquitectura Resiliente para la Reducción del Riesgo de Desastre, Manon Pommiez, el desafío de evitar que el borde costero del Gran Concepción vuelva a convertirse en una “zona cero” pasa por un enfoque estructural que articule cuatro elementos claves.
«Debe combinar el ordenamiento territorial, infraestructura, estándares y gobernanza», dijo. Esto implica avanzar hacia «una zonificación de riesgo y una regulación efectiva del borde costero», y así «evitar nuevas urbanizaciones en áreas de alta amenaza», como zonas expuestas a inundaciones, tsunamis o marejadas.
«Reportes y análisis han alertado impactos potenciales por inundaciones costeras en comunas del Gran Concepción», agregó, lo que refuerza la necesidad de adoptar estas medidas. Asimismo, afirmó que cualquier proceso de densificación debería condicionarse al cumplimiento de obras y estándares que garanticen seguridad.
La académica destacó que la reconstrucción del borde costero requiere infraestructura y soluciones basadas en la naturaleza como un sistema complementario de protección. Además, se requieren estándares obligatorios para la interfaz urbano-forestal y una gobernanza metropolitana permanente, junto con sistema de datos, alerta y una cultura de evacuación.
La Directora del Magíster en Procesos Urbanos Sostenibles, Dra. Paulina Espinosa, estimó que la emergencia dejó expuesta la necesidad de entender el rol de borde costero.
«El borde costero no puede pensarse solo como suelo edificable, sino como un espacio estratégico de transición entre lo urbano y lo natural, capaz de reducir riesgos y mejorar la seguridad de las personas».
En esa dirección, recomendó «usar metodologías multiescalares en que los transectos y secciones de escala territorial se incorporen a la planificación urbana».
Al caracterizar el paisaje de riesgo que se hizo evidente en localidades como Lirquén, Punta de Parra y Penco, la Dra. Paulina Espinosa situó el foco en la transformación de los bordes entre las plantaciones y las áreas habitadas.
«Es prioritario transformar la relación entre las plantaciones forestales y las áreas habitadas, reduciendo su continuidad y diversificando su composición. También es fundamental intervenir las zonas de interfaz urbano-forestal, que hoy no tienen un tratamiento específico en la planificación, y recuperar quebradas y sistemas naturales que actualmente funcionan como corredores de fuego».
Por lo anterior, agregó que las acciones preventivas exigen estar acompañadas por la modificación territorial: «No se trata solo de prevenir incendios, sino de reorganizar el territorio para que no amplifique el peligro».
Participación comunitaria, elemento transversal
Un elemento transversal identificado por los representantes del cuerpo académico de FAUG es la necesidad de contar con una participación comunitaria sensible al contexto.
En cuanto a la dimensión social, la Dra. Paulina Espinosa propuso procesos de involucramiento ciudadano que reconozcan el sentir ciudadano, sin renunciar a la calidad de las decisiones.
«La participación debe ser sensible al contexto de pérdida y urgencia. Es importante generar espacios de diálogo graduales y contenidos donde las personas puedan reconstruir su vínculo con el lugar antes de tomar decisiones de diseño».
Para ello recomendó herramientas como recorridos, mapas colectivos y conversaciones que permitan «incorporar la experiencia y el conocimiento local sin sobrecargar a las comunidades».
Es esta línea, Manon Pommiez también enfatizó en el diseño participativo del espacio público para afianzar la resiliencia institucional y comunitaria.
«Cuando las comunidades se involucran en la planificación y gestión de sus espacios, se incrementa su capacidad de agencia y toma de decisiones informadas sobre el riesgo», aseguró.
El Dr. Alejandro Lara dijo que uno de los errores claves en el análisis de la emergencia de 2010 fue el déficit de participación sustantiva, lo que llamó a evitar en esta oportunidad.
«En el 27F, las tensiones por soluciones estandarizadas y baja incidencia local aparecen reiteradamente en análisis académicos; en incendios, eso suele agravar la informalidad del suelo, conflictos por relocalización y tiempos de recuperación», finalizó.
