Educar en competencias mediáticas, un escudo contra la desinformación

La capacidad de comprender correctamente los mensajes que emanan desde los medios digitales de comunicación y la posibilidad de distinguir entre lo real y lo aparente constituyen una problemática que preocupa a investigadores y gobiernos en muchas partes del mundo. La Unesco (2011) definió la capacidad de entender, evaluar y criticar la información en los contextos digitales como “competencia mediática”, y consideró su desarrollo fundamental en los niveles educativos, otorgando implícitamente una responsabilidad relevante a las instituciones formadoras, especialmente de las carreras de pedagogía. En esta dirección, los docentes en formación deberían ser capaces de abordar eficientemente esta temática en la universidad, para promover habilidades de pensamiento superior desde los primeros años de escolarización.

Al respecto, un estudio desarrollado en España el 2022, evaluó en 111 escolares de entre 5 a 9 años, aspectos como el concepto de internet, la autoría de sus contenidos y la veracidad de la información. Los resultados revelaron que “los niños no conciben que internet pueda tener información errónea y mucho menos que pueda ser utilizada con fines maliciosos (…). Ni siquiera los niños de 9 años que participaron en el estudio concebían que el contenido de internet, como producto humano, pudiera ser deliberadamente falso o malicioso”.

El año 2018, el Consejo Nacional de Televisión de Chile en alianza con la Red Interuniversitaria Euroamericana de Investigación Alfamed llevo a cabo un estudio sobre competencia mediática de niños y adolescentes, mediante un cuestionario aplicado a 874 jóvenes de Antofagasta, Concepción, Temuco y Santiago. El informe reveló muy bajo logro de habilidades críticas y conocimientos específicos de asuntos relacionados con el sistema de medios, estructura y regulación. 

Estos resultados evidencian los niveles de vulnerabilidad a que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, pero ante ello, las competencias mediáticas pueden contribuir a resguardar los derechos de la infancia, sobre todo ante la abismante propaganda de desinformación que algunos grupos de interés promueven en periodos electorales o para movilizar a la opinión pública. Del mismo modo, el nuevo contrato social que propone la Unesco desde el 2022, basado en un proceso de consulta mundial en torno a la educación para el futuro, plantea entre sus principios que “la difusión de la desinformación debe contrarrestarse con la alfabetización científica, digital y humanista” y hace hincapié en desarrollar  habilidades  digitales  que  capaciten  a  los  alumnos  para  hacer  un  uso  significativo  de la tecnología. Entonces, el llamado a la acción está hecho.   

Competencias críticas y reflexivas ayudarían a las personas a comprender y discernir entre la información verídica y la desinformación. Medidas como la implementación de asignaturas que aborden expresamente la competencia mediática en las carreras de pedagogía, según las directrices de elaboración de planes de estudios de alfabetización mediática de Unesco (www.unesco.org/es/media-information-literacy); programas de capacitación a profesores sobre el tratamiento de la desinformación y la posverdad; y normativas que regulen y sancionen la información falsa en los medios de comunicación, facilitarían una participación ciudadana activa y crítica en la sociedad. Una necesidad evidente en Chile.

Desde la teoría sociocrítica se ha sostenido que la posverdad es una herramienta utilizada por aquellos que detentan el poder para perpetuar y ampliar sus privilegios, distorsionando la realidad. Es imperativo entonces, educar a las personas para cuestionar y analizar de manera crítica la información que reciben, usando fuentes confiables y contrastando diferentes perspectivas. La democracia cimenta sus bases en la participación, el compromiso con la verdad para la toma de decisiones y el respeto. Ser competentes en la sociedad digital requiere de habilidades que deben fomentarse desde la educación básica y para ello los gobiernos están llamados a generar iniciativas que propicien una educación de calidad, equitativa e inclusiva, que fortalezca la democracia. 

Por tanto, nuestro país no puede quedarse atrás y las autoridades educativas, así como las instituciones de educación, deberían estar atentas para prevenir este nuevo tipo de vulnerabilidad social, relacionada con el acceso y uso de la información.