La preservación del medioambiente, una prioridad

En los últimos años, el cambio climático y sus efectos ha generado que diversos actores reflexionen respecto a cómo mitigar el fenómeno y cómo adaptar los procesos productivos, para combatir sus drásticos efectos globales. Adicionalmente, Chile es el país que genera mayor cantidad de basura per cápita en Latinoamérica. Algunas de las medidas para contrarrestar este negativo escenario han sido: disminuir las emisiones de gases efecto invernadero, impulsar energías limpias, diversificar la matriz energética y modificar los procesos productivos. Lamentablemente estos esfuerzos sólo reducirían en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo podemos abordar el 45% restante?

El 45% sólo puede abordarse, si cambiamos la manera cómo generamos bienes y cómo los consumimos. En la actualidad, tenemos un modelo de desarrollo que se basa en una economía lineal – extracción, producción, consumo y desecho- y el desafío es pasar desde esta economía lineal a una circular, en la que los productos producidos se vuelvan a utilizar, reparar o reciclar, manteniendo los materiales que los componen por largo tiempo en los ciclos productivos. Los propósitos últimos de una economía circular son disminuir el uso de materias primas y disminuir la generación de residuos.

Si bien el concepto es nuevo, las prácticas asociadas a una economía circular son ancestrales. La idea no es que las nuevas generaciones vuelvan a vivir como generaciones pasadas, sino que recuperen formas de vida sustentables y racionales, para que la especie humana pueda perdurar en el tiempo sobre la tierra.

Para transitar desde una economía lineal a una circular, es importante el rol de la industria y el Estado. ¿Cómo puede convivir este nuevo modelo económico con la modernidad y el estilo de vida al que estamos acostumbrados?

Por un lado, sabemos que los productores de bienes y servicios tienen como objetivo vender, pero, con consumidores crecientemente conscientes del deterioro del medio ambiente, deben ser capaces de reformular sus procesos y apuntar a un diseño inteligente de productos, considerando una prolongada vida útil y – cuando ésta caduque – que sus componentes o materiales puedan volver a utilizarse.

Sin dudas, el Estado también debe participar de este cambio productivo y cultural, estableciendo las reglas del juego. La tasa de reciclaje en Chile para el año 2018 es de tan sólo de un 15%, por lo tanto, existe un gran desafío para las industrias y el Estado, en cuanto a aumentar estas cifras. En ese sentido, el sector público ha impulsado políticas públicas que responden a esta necesidad, con la finalidad de fomentar la migración desde una economía lineal a una circular. Se propuso una “Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040”, con acciones concretas. Paralelamente, se aprobaron proyectos de ley que buscan traspasar la responsabilidad al productor, respecto a la generación de residuos (Ley REP), y se está promoviendo una estrategia nacional de tratamiento de basura orgánica, implementando técnicas de compostaje en los hogares chilenos. Existe una gran oportunidad para socializar estas iniciativas, así como también, fomentar la investigación aplicada en empresas.

Sabemos que las industrias y el Estado son actores fundamentales para esta transición, pero ¿cómo pueden involucrarse las universidades y generar un cambio sustancial en esta materia?

Las universidades, desde su rol público, deben generar un impacto positivo en sus territorios y comunidades. Hay universidades en la Región del Biobío que están haciendo un aporte interesante y, en la Universidad de Concepción, existen proyectos que encaran este desafío desde distintas aristas. El primer proyecto, es el primer programa de reciclaje de mascarillas faciales a nivel nacional, el que permite reciclar un millón de mascarillas al mes y convertir los materiales que las componen en nuevos productos. Otra iniciativa, es el desarrollo de un prototipo de mascarilla en base a celulosa, un material biodegradable y ampliamente disponible. Ambos trabajos son un orgullo para la comunidad, los que demuestran que la ciencia y la tecnología nacidas en la academia pueden contribuir al progreso sustentable del país.

Tanto la inestabilidad de la biósfera, causa de la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad, como la depredación de materias primas y la generación masiva de residuos son problemas apremiantes. Lo anterior, nos impone grandes desafíos globales y locales que han sido recogidos en la Agenda 2030, mediante metas definidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por tanto, las instituciones de Educación Superior (IES) y, más aún, las universidades, en su responsabilidad de estructuradoras de la sociedad, deben recoger no sólo los 17 ODS proyectados para 2030, sino también, su conceptualización. En este sentido, deben estar a la vanguardia en la búsqueda de un desarrollo sustentable, tanto en el ámbito de la formación, generación y gestión del conocimiento, como en el impacto social que generan.