“Protocolo para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad” adjudica fondos para segunda etapa

La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) informó la adjudicación de fondos para la continuidad del proyecto Fondef “Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad”, liderado por las académicas Ximena Gauché Marchetti (Directora) y Cecilia Bustos Ibarra (Directora alterna).

El proyecto, cuyo resultado de producción fue el protocolo presentado en septiembre de 2020, trabajó desde sus inicios con el problema de la inequidad en el acceso a la justicia en grupos históricamente excluidos de sus derechos fundamentales, tomando en cuenta además la oportunidad que se abrió tras el compromiso formal que en 2015 adoptó el Poder Judicial (PJUD) con la incorporación de la perspectiva de género, explicó su directora, Ximena Gauché.

A partir de ello, el equipo desarrolló un estudio interdisciplinario, que además fue insumo para la elaboración del protocolo y que se constituyó en un diagnóstico integrado sobre género, diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile, cuya síntesis se encuentra comprendida en la primera parte del mismo protocolo como antecedente.

El propósito principal del Protocolo de Actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad es entregar recomendaciones que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género en las actuaciones del Poder Judicial, con énfasis en la atención a personas usuarias y el trato entre personas integrantes de la institución.

“Entrega una mirada integrada de la realidad de género y las diversidades sexuales en el PJUD y, a partir de ella, proporciona recomendaciones específicas de actuación para los tribunales”, explicó la académica. El documento fue elaborado de forma contextualizada a las necesidades y características nacionales, procura el uso de un lenguaje accesible pero riguroso y busca dialogar con documentos elaborados por el PJUD con anterioridad.

Respecto a esta nueva etapa, la profesora Gauché señaló que “el problema y oportunidad en torno a la inequidad en el acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTI se mantienen vigentes, presentando hoy nuevos matices que surgen de los cambios que el país ha experimentado en los últimos tres años por lo que estamos convencidos como equipo de que podemos ser un aporte que vincule la investigación científica con la necesidad de mejorar la atención de justicia a mujeres y personas LGBTI”.

Es así como, durante esta segunda parte del proyecto, el equipo realizará una validación que tiene como propósito el conocimiento y la apropiación de las recomendaciones. La idea es “continuar difundiendo el protocolo y sus recomendaciones 1 a la 31 por personas integrantes de las asociaciones vinculadas al Poder Judicial, que acepten voluntariamente participar. Esta solución será desarrollada con el acompañamiento y participación de entidades vinculadas al Poder Judicial”, explicó Gauché.

Las agrupaciones participantes en la segunda etapa serán la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANM), como entidad mandante, y la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud), Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos del Poder Judicial de Chile (Ancot) y Asociación de Magistradas Chilenas (MA-CHI) como entidades asociadas.

Protocolo y participación

El trabajo de este equipo de académicas y académicos de la Universidad de Concepción representa una innovación en el concierto nacional y extranjero. La investigación consideró un análisis de 66 protocolos a nivel iberoamericano en la materia, encontrando que el Poder Judicial chileno comparte características comunes con sus pares, y que se han adoptado diversas estrategias para abordar las inequidades de género.

“En ese contexto, nuestra propuesta académica tiene una diferencia notable con la implementación de otros productos similares, en Chile y el extranjero, en que pese a los esfuerzos realizados por las organizaciones responsables, la efectividad de los procesos de difusión ha sido limitada y/o ha quedado entregada a las personas destinatarias del instrumento, sin un proceso de acompañamiento o guía, que favorezca identificar los elementos centrales de cada recomendación para su aplicación directa en la vida laboral cotidiana”. A esto se suma que “fue elaborado de forma participativa, fue validado y ahora se trabajará también participativamente en su difusión con personas integrantes del Poder judicial”, puntualizó la Directora Gauché.