La falta de infraestructura inclusiva y los prejuicios sociales continúan restringiendo los derechos fundamentales y accesibilidad de las personas con discapacidad, dificultando su visita a áreas silvestres y a otros servicios y espacios públicos. Esto limita su autonomía, participación y calidad de vida.
El artículo “Accesibilidad para personas con discapacidad en áreas silvestres protegidas en Chile”, realizado por académicos de la Universidad de Concepción y de la Universidad San Sebastián, profundiza en la inequidad de acceso existente en los entornos naturales del país.
Según el Estudio Nacional de Discapacidad 2022, del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), “el 17% de la población de 2 años y más estimada en Chile tiene discapacidad. Esto corresponde a 3.291.602 personas”.
Dentro de este porcentaje, el estudio reveló que solo el 23,8% realiza actividades al aire libre y perciben las áreas verdes como una barrera para su participación, lo que evidencia una clara desigualdad.
Según el coautor de la investigación y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, Dr. Jorge Maluenda Albornoz, los principales obstáculos que impiden la visita de personas con movilidad reducida se centran en la infraestructura y la comunicación.
Para la socióloga y colaboradora docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Mg. Ingrid González Torres, la vida actual se desarrolla hacia el interior, en espacios cerrados, rodeados de pantallas y luz artificial. Por esta razón, la posibilidad de visitar espacios naturales resulta relevante, pero a la vez, un privilegio.
“Pensando en esto, en las grandes ciudades es cada vez más difícil acceder a estos espacios (…). Su acceso se reduce a quienes pueden ir, viajar o pagar por ellos, lo que constituye una inequidad”, reflexionó la académica.
Falta de accesibilidad para las personas con discapacidad
La psicóloga y coordinadora de la Unidad de Inclusión y Atención a la Diversidad del CADE UdeC, María Andrea Borzone Valdebenito, reconoció que la falta de infraestructura representa una limitación.
“Restringe el acceso a espacios públicos, educativos, recreativos y laborales, generando sentimientos de exclusión y dependencia de terceros para realizar actividades cotidianas”, manifestó.
Si bien el artículo reconoce los avances en la calidad de los lugares públicos y de atención, también se evidencia la baja participación de las personas con discapacidad (PcD) que pueden acceder a parques nacionales. En el periodo 2011-2020, solo el 0,02 % de los visitantes a áreas silvestres dependientes de la Conaf se registraron como PcD.
En la investigación se identificó que, de las 111 áreas silvestres dependientes de la Conaf, solo 15 presentan cinco o más condiciones de accesibilidad. Entre ellas se encuentran: el acercamiento a los parques y zonas protegidas, estacionamientos reservados, personal capacitado, baños accesibles, zonas de picnic, rutas alternativas, miradores accesibles y elementos de apoyo a la apreciación.
“Es fundamental que tengan acceso pleno y equitativo no solo a las áreas verdes, sino también a todos los espacios públicos, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. El contacto con la naturaleza aporta múltiples beneficios en distintas dimensiones del bienestar”, profundizó Andrea Borzone.
Por esa razón, para generar entornos más inclusivos, la colaboración activa de las PcD es fundamental para el diseño e implementación de mejoras. De esta manera, se podrá obtener información de calidad para tomar decisiones adecuadas, promoviendo además la integración y la participación.
“La participación es fundamental: no se puede pensar en una verdadera inclusión si no se consideran la voz, las necesidades y los requerimientos de las personas que experimentan diariamente las barreras y obstáculos que generan exclusión”, agregó el Dr. Jorge Maluenda.
Más allá de la infraestructura: desafíos para el futuro
Por otro lado, la Magíster Ingrid González reconoció que las barreras que experimentan las PcD no solo se relacionan con la infraestructura, sino también con los prejuicios sociales. “No siempre se consideran estos espacios como accesibles para toda la población, especialmente para quienes cuenten con alguna discapacidad”.
Así, aun cuando la infraestructura es clave para garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad, la capacitación de los guardaparques y administradores también resulta primordial.
“Una infraestructura inclusiva puede perder gran parte de su efectividad si el personal no cuenta con las competencias necesarias para comprender las diversas necesidades de las PcD y brindar una atención pertinente y empática”, agregó la psicóloga del CADE.
El académico de la Facultad de Ingeniería reconoció que la integración es un desafío cultural y social, en el que también influyen aspectos técnicos, por ejemplo, en la manera de actuar en determinadas situaciones.
“Esto es especialmente relevante cuando las condiciones actuales de inclusión no son las ideales y las barreras existentes pueden generar dificultades en la atención”, profundizó.
De esta forma, una de las conclusiones del estudio es que la accesibilidad universal no solo favorecerá el cumplimiento del derecho de toda persona a ingresar a estos espacios, sino que también abrirá más alternativas de promoción de la salud, fomento del bienestar y mayor competitividad en el turismo familiar.
“Creo que lo más relevante es la comprensión y adopción cultural de la diversidad, ya que gran parte de los obstáculos y barreras se originan en las decisiones que tomamos al construir la sociedad en la que vivimos: desde los tomadores de decisiones (políticos, empresarios, etc.), hasta las elecciones cotidianas de las y los ciudadanos de a pie”, puntualizó el Dr. Jorge Maluenda.
