Crisis sanitaria y proceso constituyente

El estado de bienestar europeo, se construyó en el contexto de un doble desafío, el miedo al comunismo, alternativa cuyo avance se percibía como real, y la necesidad de reconstruir la economía y el tejido productivo y social de un continente devastado por la guerra.

No fue un plan preconcebido, fue la respuesta a un momento de crisis. Por otro lado, dicho esquema, también se presentó como una alternativa al propietarismo exacerbado que precedió a las dos guerras mundiales, el cual se caracterizó por la enorme concentración de la renta y del patrimonio en manos de unas pocas personas, y por una flagrante desigualdad entre las distintas capas sociales (factores que a su vez también están la raíz de dichos conflictos bélicos) En general, dicho estado social, se basó en algunos pilares: función social de la propiedad, altos impuestos con carácter progresivo sobre la renta y la herencia, participación de los trabajadores en la gestión de las empresas (al menos en los modelos alemán y escandinavo) servicios sociales con carácter universal, una alta inversión en educación, entre otros.

Este modelo, permitió una reducción de la desigualdad sin precedentes y garantizó largos años de crecimiento económico y bienestar material y social.

El punto al que quiero llegar es al siguiente. A la crisis sanitaria, le seguirá (y ya estamos viviendo sus primeros efectos) una profunda crisis económica y social. No existen recetas mágicas para sortearla o para paliar sus efectos, pero Chile tiene una oportunidad única para sentar las bases de un modelo que le permita con el tiempo, reconstruir su tejido social y su desarrollo económico.

Esa oportunidad está relacionada con la discusión constituyente que estábamos teniendo cuando la pandemia tocó nuestra puerta. En efecto, la triple crisis que comenzaremos a vivir, sanitara, económica y social, debería llevar, no tanto a la necesidad de cuestionar el hecho de seguir adelante con este proceso, como seguramente desean algunos, sino que, por el contrario, esta crisis debería generar un amplio consenso acerca de la conveniencia y urgencia de profundizar en su desarrollo.

En efecto, tal como muestra el caso europeo, la creación de instituciones que pongan el foco en la distribución de la riqueza, la reducción de las desigualdades, la desconcentración del capital, o la creación de servicios sociales construidos sobre principios verdaderamente igualitarios, resultarán claves, para fortalecer la economía, y garantizar la paz social.

En este sentido, el eje de la discusión constitucional debería girar en torno a dos cuestiones básicas. La primera, es la relativa a los derechos sociales. Uno de los principios del modelo de provisión de los derechos sociales vigente en nuestro país, es el de focalización. Este principio básicamente establece una regla de distribución de los recursos públicos basada en asignaciones directas o vía subsidio únicamente a los que no pueden procurarse la satisfacción de sus necesidades a través del mercado.

El resto de la población, la cual en principio no tiene derecho a ningún tipo de ayuda estatal, debe acceder a las prestaciones que provean los particulares, bajo un régimen de suministro regido por normas de derecho privado (si bien fuertemente regulado en algunos ámbitos) En atención a los efectos que traerá aparejada la pandemia, este supuesto deberá revisarse, y ser sometido a profundos cambios, a fin de avanzar hacia un régimen de provisión de los derechos sociales de carácter universal, que ponga acento en la necesidad, y no en la capacidad de pago.

Por otro lado, y como segunda cuestión, la evidencia comparada prueba que no fue la desregulación ni la reducción de los impuestos los que permitieron la reconstrucción de Europa, sino que, la existencia de un consenso acerca de la necesidad de garantizar a toda la población un estándar de vida adecuado, con un fuerte énfasis no solo en la existencia de políticas distributivas (vía derechos sociales) sino que también predistributivas (vía impuestos a las mayores rentas y patrimonios).

En este orden de ideas, deberemos discutir acerca de los niveles de concentración de la riqueza y del patrimonio que resultarán tolerables, en un escenario que estará caracterizado por la pérdida de empleos y por la falta de acceso a servicios básicos en condiciones de igualdad para amplios sectores de la población. Esto nos obligará a establecer principios que permitan, o que no vuelvan imposible, tomar medidas que vayan en el sentido de limitar la concentración económica, impedir la perpetuación de las desigualdades, redefinir nuestra matriz productiva y tributaria, o equilibrar nuestra la capacidad de ahorro e inversión.

Por tanto, sin un verdadero pacto social que se haga cargo de los problemas que viviremos, difícilmente podremos salir bien parados de la crisis que se avecina. El momento para pensar un nuevo Chile es ahora.