IP Virginio Gómez fortalece estrategias sostenibles para la industria en Chillán

Aparatos electrónicos, pilas, neumáticos, cartón, baterías, aceites y papel de diario son algunos de los productos prioritarios que la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje (Ley REP) busca disminuir a partir de su entrada en vigencia en septiembre de este año. La ordenanza responsabiliza directamente a los productores que generan estos y otros tipos de residuos, de tal manera que las empresas promuevan estrategias que vayan de la mano con el cuidado del medioambiente.

En este sentido, el Instituto Profesional Virginio Gómez sede Chillán en conjunto con el Colegio de Ingenieros, la Asociación Gremial de Agricultores y la Cámara de Comercio, Turismo y Servicio de Ñuble organizaron la tercera versión de la charla “Implicancias y Desafíos de la Ley REP”, relatada por el biólogo y magíster en Economía Energética, Nesko Kuzmicic, que anteriormente se presentó en las sedes de Concepción y Los Ángeles del IPVG.

“Como academia, buscamos contribuir a la formación de personas en el ámbito técnico profesional que aporten a la productividad del país y que estén comprometidas con el desarrollo sostenible de la sociedad. Con esta tercera versión, reafirmamos nuestra vinculación permanente con el sector productivo, para relevar temáticas que son fundamentales para el progreso sustentable de la región del Ñuble”, expresó el rector del IPVG, Rolando Hernández Mellado.

Fueron alrededor de 40 personas las que participaron de la conferencia que abordó las implicancias y desafíos de esta Ley, en la cual se destacaron las estrategias de recolección y valorización de envases y embalajes, entre otros residuos.

“Es fundamental conocer las metas, desafíos y obligaciones de la Ley REP, dado que la norma aplica para cualquier empresa que produzca más de 300 kg de envases y embalajes al año, debiendo necesariamente integrarse a un sistema de gestión al menos un año antes de que la ordenanza entre en vigencia en septiembre de este año. Las sanciones asociadas al incumplimiento contemplan multas de hasta 10 mil UTA, las más altas de la legislación ambiental vigente”, comentó en su exposición Nesko Kuzmicic.

Además, Kuzmicic recalcó que “para que esto funcione se necesita educación ante todo y difundir estos contenidos a las empresas y a la comunidad para que sean parte del proceso de solución medioambiental. Es muy importante que las personas sepan que esto viene, eso hasta ahora no ha sucedido, pero va a ocurrir necesariamente”, puntualizó.