“Dosis de realismo” y presupuesto en Educación Superior

Se ha pedido una “dosis de realismo” a las universidades que integran el Consejo de Rectores de Chile para aceptar el proyecto presupuesto 2021, que contempla una reducción real del 10% de los fondos institucionales.

Experimentar reducción de los ingresos, responder a las necesidades de apoyo a los estudiantes, cuidar y mantener el empleo de su personal, garantizar la continuidad de todas las funciones académicas y contribuir de manera notable a las políticas públicas para el cuidado de la ciudadanía es una ecuación difícil de resolver para las universidades y para cualquier institución. Sin embargo, con un gran compromiso y una estricta disciplina académica y financiera, este año de pandemia se ha logrado enfrentar en muy buena forma, aún con todas las dificultades y limitaciones que ello conlleva; pero mantener lo mismo por un año más, sin apoyo del estado y con reducción de presupuesto en fondos institucionales, resulta altamente improbable y pone en riesgo el aporte al empleo, salud, educación y el ser motores de las economías en todas las ciudades de Chile donde están presentes las universidades. Podemos afirmar que la disminución de los ingresos propios y los ajustes presupuestarios mayores que hemos debido implementar durante el último año constituyen efectivamente una muestra de la “dosis de realismo” requerido y del compromiso por parte de las universidades, que esperamos también alcance a todos los actores relevantes.

Con el proyecto de presupuesto presentado por la Subsecretaría, solo se profundizará la crisis existente en las instituciones del Cruch, arriesgando la inversión de años que ha hecho el país en una red universitaria de calidad. En efecto, los fondos institucionales en el proyecto de ley de presupuesto 2021 se reducen en promedio un 10%, los que incluyen: fondos basales, -6,2%; convenios de desempeño, -25%; y de interés nacional, -30%. Las mayores reducciones se presentan en los fondos de desarrollo institucional para las universidades del G9, que se eliminan (-100%); los aportes del desarrollo cultural de interés nacional (-60%); aporte a la Universidad de Chile (-20%) y a las universidades regionales (-15%), con lo cual los fondos institucionales se reducen en 42.000 millones de pesos. No hemos solicitado incremento de los aportes hacia nuestras instituciones, hemos pedido flexibilidad en el uso de los recursos entre gasto e inversión, herramientas para la autogestión y la mantención de los aportes entregados el año 2020.

Durante la pandemia, las universidades del Cruch han cumplido con el país y sus estudiantes. A pesar del impacto financiero derivadas de la situación sanitaria y de la falta de apoyo del Mineduc, se ha cumplido con el primer objetivo de las universidades, esto es, asegurar la continuidad del servicio educativo, sin hacer exigencias de pagos a estudiantes que modificaron su condición socioeconómica en el período, incluso desde antes de la discusión parlamentaria. Alcanzar esta continuidad significó un esfuerzo de grandes proporciones que permitió poner en funcionamiento una migración masiva y forzada hacia una formación no presencial, garantizando mantener la calidad de estos procesos educativos. Al mismo tiempo, todas las universidades de Cruch han sido y son agentes clave en la red de salud y en la economía de todas las regiones, al fortalecer el sistema de salud y producir efectos positivos en miles de proveedores, pymes y trabajadores en cada uno de los terriotrios en que están insertas.

El Poder Ejecutivo ha generado un plan de inversión de recursos de gran proporción para enfrentar la pandemia que afecta a amplios sectores del quehacer nacional. Sin embargo, para la educación superior, especialmente sus instituciones completas y complejas que conforman el Cruch, estas ayudas no han sido consideradas. La crisis social primero y pandemia después han obligado a todos estos centros de educación superior a realizar ajustes presupuestarios mayores, algunas instituciones presentan serias dificultades para enfrentar los adversos efectos económicos y financieros, que incluso pueden llegar a poner en riesgo incluso su existencia, como puede ocurrir particularmente con universidades regionales de menor tamaño. Si consideramos los efectos financieros producidos durante la crisis social y pandémica, durante el último año, las universidades del Cruch han disminuido sus ingresos en 207.000 millones.

Uno de los argumentos que se ha esgrimido en forma insistente durante estos días para justificar el presupuesto 2021 presentado por el ejecutivo consiste en que, entre los años 2012 y 2017, Chile sería el país que ha experimento un mayor incremento en el gasto fiscal en educación superior, con la puesta en funcionamiento de la política de gratuidad. Debemos señalar que este incremento del gasto fiscal bajo ninguna circunstancia ha significado mayores ingresos para las universidades, pues se ha reemplazado el gasto de las familias por otro realizado por parte del estado, que corresponde a un reemplazo de la fuente de financiamiento como parte de una política de estado. De hecho, para una fracción de las universidades, en el año 2016, este reemplazo significó una reducción de en los ingresos por arancelesde referencia al inicio de la puesta en marcha de gratuidad. En el actual proyecto de presupuesto, se aumenta un 6,8% los recursos de gratuidad, debido a la incorporación de nuevas instituciones de educación superior que adscriben a esta política y también incluye incremento de los fondos para el CAE. No obstante, este incremento de inversión en en gratuidad y CAE no puede producirse a expensas de reducir y eliminar otras partidas del presupuesto de educación superior. Todo avance en gratuidad se debe realizar con nuevos recursos y no con redistribuciones o eliminaciones presupuestarias que afectan a las universidades del Cruch y con ello a la red de universidades públicas en todas las regiones del país.

En consideración a lo expuesto, y teniendo en cuenta que el Congreso aprobó un fondo de mergencia de 12.000 millones de dólares, para no disminuir los presupuestos del año 2021, solicitamos restablecer los fondos institucionales —fondos basales, convenios y de interés nacional— hasta los valores asignados durante el año 2020, lo que en la práctica equivaldría a una disminución real del 2,6% debido a los efectos de la inflación del año 2020. También resulta necesario permitir el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario de Crédito Universitario, para cubrir los gastos asociados con los estudiantes que pierden gratuidad, según artículo 108 de la ley 21.091, y para enfrentar gastos extras por pandemia en los años 2020 y 2021. Finalmente, es muy adecuado postergar el inicio de la puesta en marcha de los aranceles regulados hasta el año 2023, de tal forma de poder analizar y visualizar en forma integral los efectos de los nuevos aranceles regulados en las universidades y no solo basados en un grupo de carreras.

En tiempos de crisis y de búsqueda de la recuperación económica, inyectar recursos al sistema universitario público es financiar el desarrollo de todo el país y el cuidado del patrimonio intelectual que Chile ha construido a lo largo de su historia. La ley de presupuesto y los programas especiales de apoyo financieros nos reiteran fórmulas tradicionales de reactivación económica basados en infraestructura, que en muchos casos ni siquiera especifican proyectos. Dada la experiencia del año 2020, la reactivación económica, en esta oportunidad, debe contemplar también inversión orientada a proyectos de innovación y de emprendimiento de base tecnológica, es decir, a inversión en ciencia y tecnología para dar respuesta a los desafíos de largo plazo y poder enfrentar así catástrofes cuyos efectos se extienden en el tiempo, como la actual pandemia. En este caso, incrementar en forma significativa el presupuesto del Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación habría mostrado una inversión de futuro y con perspectiva de desarrollo, reforzando así la institucionalidad que se ha creado en el actual gobierno. Lamentablemente, la opción elegida ha sido la reiteración de fórmulas tradicionales. Al evitar realizar en forma decidida un cambio de estrategia, restringimos la posibilidad de enfrentar nuevas catástrofes y dependemos de las soluciones que se generen en otras latitudes. Los recursos orientados a educación superior y en ciencia y tecnología son una inversión de país para crear mejores condiciones de vida y no un gasto como se insiste desde algunos sectores.

Columna de opinión publicada originalmente en La Tercera.