A 10 días de la elección

Quedan 10 días para la elección de Rectoría de nuestra Universidad de Concepción. Muy poco. Tan poco que, a esta altura, lo que corresponde no es improvisar, sino dar certezas. Por eso, lamento que la DTI no haya superado el proceso realizado para habilitar una votación telemática con las garantías que la comunidad universitaria merece.

Más allá de este episodio puntual, hay un problema de fondo que no podemos seguir normalizando: cada cuatro años pareciera que se vuelve a improvisar con el sistema electoral. Y, al final, terminan apareciendo las mismas soluciones, los mismos actores y las mismas urgencias. No es razonable que, en menos de quince días, recién tengamos conocimiento sobre quiénes llevarán a cargo esta parte del proceso: la votación electrónica.

Una elección universitaria de esta relevancia no puede descansar en la premura ni en la confianza ciega: debe sostenerse en garantías objetivas, reglas claras y plena credibilidad.

Por ello, y porque la confianza institucional se cuida, creo que hoy el camino más responsable es votar presencialmente.

Es que, para que el voto presencial sea una verdadera garantía democrática, no basta con decirle a la gente que vaya a votar. Hay que generar las condiciones para que pueda hacerlo. Y esas condiciones deben ser especialmente claras para las y los académicos de Chillán y Los Ángeles, que no pueden quedar sometidos a la carga adicional de tener que compatibilizar sus actividades con un traslado a Concepción.

Por eso, solicitamos formalmente al Rector que decrete la suspensión de actividades académicas en los tres campus de nuestra universidad el viernes 27 de marzo de 2026. Y, si ello no fuese posible, que al menos ésta se suspenda en los tres campus desde las 11:00 horas, de manera que cada integrante del padrón pueda organizarse para emitir su sufragio sin mayores presiones ni obstáculos de manera presencial.

Queremos y pedimos una elección impecable, sin dudas ni dificultades. La legitimidad de la próxima Rectoría no depende solo del resultado: depende también de que el proceso sea incuestionable. En momentos como este, cuidar la confianza de toda la comunidad universitaria no es un detalle: es una obligación institucional. Y esa obligación debe estar a la altura de la Universidad que decimos y decidimos resguardar.