Agilizar sin sacrificar

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales ha  entrado en vigencia, lo que representa un hito relevante en la modernización del Estado. La ley busca acelerar la inversión sin sacrificar estándares, reduciendo entre un 30% y un 70% los plazos de tramitación de permisos, en un momento en que Chile necesita con urgencia dinamizar su crecimiento económico y fortalecer la confianza en sus instituciones.

Estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, CNEP, muestran que hasta el 80 % del tiempo total de tramitación se concentra en la etapa de permisos sectoriales, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con más de 380 permisos y más de 40 normativas distintas involucradas, la nueva ley busca resolver ese cuello de botella, abarcando sectores como minería, obras públicas, salud, aguas, energía, concesiones marítimas y obras municipales.

Siguiendo principios clave de regulación efectiva de la OCDE—como simplificación, previsibilidad y costo-efectividad—la ley establece reglas comunes para todos los permisos, fija plazos claros, permite la tramitación paralela y habilita el silencio administrativo positivo. Así también, en línea con el principio de proporcionalidad, introduce técnicas habilitantes alternativas, como declaraciones juradas para proyectos de bajo riesgo, cuyos umbrales serán definidos por los propios servicios, permitiéndoles así concentrar su trabajo en las autorizaciones de proyectos que requieren de mayor atención para resguardar de forma efectiva los objetos de protección.

En lo institucional, crea la plataforma digital única (SUPER) y una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión en el Ministerio de Economía, que coordinará, monitoreará y mejorará el sistema, según buenas prácticas internacionales sobre interoperabilidad, trazabilidad y responsabilidad pública. Esta oficina tendrá un rol clave en apoyar a los servicios en modernizar regulaciones y detectar normar redundantes u obsoletas, lo que constituye un paso significativo para que el Estado adquiera capacidad de aprendizaje, coordinación y mejora continua. Un principio que quedó pendiente es el de integración, que podrá ser implementado cuando se aborde la reforma al SEIA, que es de esperar sea de forma integrada y coherente con lo avanzado en esta ley.

Estas medidas beneficiarán a grandes iniciativas estratégicas—como proyectos clave para la transición energética o infraestructura para el desarrollo—las que tendrán un régimen ágil con plazos reducidos. Pero sobretodo,  aliviará a miles de pequeños proyectos, obras comunitarias o emprendimientos locales que enfrentan exigencias similares a iniciativas complejas, pese a su bajo riesgo.

La ley no interviene en los permisos ambientales ni en los procesos de participación ciudadana, los que se mantienen en el ámbito de la evaluación ambiental, por lo que los argumentos de regresión ambiental o violación de garantías constitucionales y tratados internacionales parecen infundados. Sin embargo, organizaciones sociales y ambientales advierten que, sin fiscalización suficiente, puede debilitarse el control y reducir la capacidad del Estado para resguardar el interés público, especialmente en territorios sensibles o ante cambios ambientales  o sociales. Es una preocupación legítima que habrá que atender.

El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de su implementación. Pone a prueba la capacidad institucional de fiscalizar, disponer de plataformas digitales robustas y mantener firme el compromiso con estándares ambientales sólidos.