14 años del 27/F: Expertos UdeC analizan avances y desafíos para enfrentar nuevos terremotos

En la madrugada del 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió la zona centro-sur de Chile, dejando una profunda huella en la memoria colectiva del país. Este evento catastrófico no solo causó pérdidas humanas y materiales significativas, sino que también expuso vulnerabilidades en la preparación y respuesta ante desastres.

El profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra, Dr. Andrés Tassara Oddo, explica que un terremoto es el movimiento fuerte que sentimos en el suelo, el cual se produce por la propagación de ondas elásticas que emanan de una falla cuando esta se mueve. 

“Cada terremoto en realidad es la expresión del movimiento de un bloque con respecto a otro a lo largo de un plano de falla. Cuando aquello pasa, se van rompiendo los contactos que existían entre los dos bloques a lo largo de este plano y eso va produciendo un tren de ondas elásticas que cuando llega a la superficie recibimos como un terremoto. Los terremotos son más grandes mientras mayor es la falla que se desliza”, apunta.

En el caso chileno, la ubicación sobre la convergencia de las placas de Nazca y Sudamericana hace al país particularmente propenso a estos eventos sísmicos.

Mejor preparados desde lo científico

A pesar de esta exposición, Chile ha avanzado significativamente en su capacidad de monitoreo y alerta temprana frente a terremotos. En los últimos 15 años, la red sismológica del país ha experimentado un notable crecimiento, con una densidad de instrumentos y profesionales que lo sitúan como uno de los mejores preparados del mundo en este ámbito, según destaca el Dr. Tassara. 

Dr. Andrés Tassara Oddo / Archivo

“En términos de observación del fenómeno de los terremotos y sus efectos, creo que estamos en uno de los mejores países del mundo, probablemente, en términos de la densidad de instrumentos y de la calidad también de la red y de los y las profesionales que, en definitiva, hacen uso de esos datos como para poder monitorear 24/7”, señala Tassara, destacando particularmente a la red de acelerómetros y a otra red asociada de sistemas de GPS, que suman más de un centenar y que hace 15 años prácticamente no existían. Lo poco que había era siempre concentrado alrededor de Santiago.

El profesional también resalta al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, Senapred, cuya implementación vino de la mano con una ley que robusteció su accionar, vinculándolo con la comunidad científica, con las universidades, con la administración de alarmas, etc. 

«Hay toda una gobernanza y una estructura organizacional que es mucho más eficiente, que conecta de mejor manera el centro sismológico con el SHOA, por ejemplo, en el tema tsunami, o con el mismo Senapred para distribuir las alertas. Diría que estamos mucho mejor preparados”, dice Tassara.

Al debe en la enseñanza escolar

Sin embargo, pese a coincidir en este avance desde el 27/F de 2020 a lo que es ahora, el Director del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía UdeC, Dr. (c) Leonel Ramos Santibáñez, destaca que aún persisten desafíos importantes en la planificación urbana y la gestión del riesgo. La falta de integración de criterios de seguridad sísmica en la planificación territorial y la ausencia de educación sobre riesgos naturales en el sistema escolar representan áreas de preocupación.

“Como siempre ocurre en nuestro país, la mayor dedicación y concentración para resolver los temas se da en los dos, tres o cuatro años después del evento y luego se tienden a enfriar las cosas”, asegura. 

El profesional es tajante al afirmar que se deben prohibir los asentamientos humanos en bordes costeros con riesgo de tsunami, así como también en terrenos que tengan mala calidad de suelo y que puedan tener una característica sismológica muy comprometida con la estructura. “Para que esto sea realmente aplicable, debiera estar en los instrumentos de planificación urbana, es decir, en el plan regulador, en la ordenanza, en las leyes locales, etc. Y ahí es donde está el gran problema que tenemos ahora”.

Dentro de lo positivo, rescata lo ocurrido en Constitución y Dichato, localidades en las que el borde costero quedó bajo la categorización de bosque urbano, es decir, ya no existe la posibilidad de construir viviendas en esos sitios.

A diferencia de lo que ocurrió en estos simbólicos terrenos donde la destrucción fue la tónica, al académico le preocupa lo que acontece en algunas zonas. “Todo el borde costero chileno está sometido a los embates naturales, tarde o temprano van a ocurrir. Es cosa de tiempo. Hay muchas localidades que están completamente abandonadas, sobre todo en el Norte Chico, donde hay una gran cantidad de gente viviendo en los bordes costeros”.

Ramos ahonda en la prevención y en esto critica que el estudio y la formación sobre los riesgos naturales no sean incluidos en las mallas curriculares del sistema escolar chileno. En la Universidad hacemos un curso electivo sobre riesgos naturales, para que nuestros y nuestras estudiantes visualicen estos escenarios futuros, pero no es suficiente”, concluye.