Rector Saavedra expuso en Comisión de Hacienda sobre nuevo sistema de financiamiento para la educación superior

Crédito: Dircom UdeC
En su intervención ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, la máxima autoridad UdeC valoró el proyecto de ley que reemplaza el CAE y propuso ajustes concretos para mejorar su equidad y viabilidad, como permitir financiamiento parcial para evitar sobreendeudamiento y ampliar los tramos de copago para mejorar la sostenibilidad del sistema.
El Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, participó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, entidad que estudia el proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior (FES) y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, conocido como fin al CAE (Crédito con Aval del Estado).
En la sesión, a la que asistió el ministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga, tanto el Rector Saavedra, como diversos representantes de entidades de educación superior, expusieron sus diversas visiones con respecto a la propuesta legislativa presentada por el gobierno y que tiene carácter de suma urgencia en el parlamento.
El Rector inició su intervención señalando que hoy existen asimetrías en las leyes que regulan el financiamiento estatal en educación superior. Por un lado, con restricciones para las instituciones adscritas voluntariamente a la gratuidad, en cuanto a límite de incremento de vacantes y a los aranceles regulados; y otro, con un sistema complementario al CAE -que desde el 2006- creció sin marco regulatorio, llegando a 350 mil estudiantes, cuando el diseño inicial era para no más de 40 mil alumnas y alumnos, por lo que “el sistema ha crecido en forma absolutamente inorgánica”, subrayó Saavedra.
Desde esa mirada, el Rector UdeC valoró que el actual proyecto presentado por el Ejecutivo instale un modelo alternativo más justo y ordenado. “Este proyecto de ley es una iniciativa necesaria que aborda la reorganización y condonación de deuda y también instala y propone un nuevo instrumento de financiamiento en reemplazo del CAE”, puntualizó.
Respecto de los elementos positivos del proyecto, el Rector destacó la eficiencia administrativa en los préstamos contingentes al ingreso, ya que «los costos de recaudación son excepcionalmente bajos, representando típicamente menos del 1% anual de los ingresos recuperados”. Dio el ejemplo de recaudación que se usa en Australia, donde se utiliza el sistema tributario ya existente, por lo que “no se requiere crear estructuras de cobranza complejas, ni en las universidades, ni en entidades financieras”, ejemplificó.
Propuestas para perfeccionar el sistema
Considerando algunas críticas que ha recibido el proyecto, el Rector Saavedra centró su intervención en tres puntos, para los cuales presentó propuestas de mejora que, como puntualizó, “se pueden operacionalizar fácilmente”. El primer aspecto propuesto, apunta a establecer un límite a la retribución en función del ingreso, ya que, en el diseño actual, “las personas que tienen una remuneración desde los 3,4 millones de pesos hacia arriba, habría un límite máximo de retribución de 2,5 veces el valor aportado por el Estado en los procesos de formación”, por lo que “proponemos fijar un tope basado en el ingreso imponible, de modo que quienes ganen más, no terminen sobrecompensando al sistema, por lo que el aporte corresponda al 8% de los ingresos”, explicó el Rector.
En segundo lugar, Saavedra propuso permitir un financiamiento parcial para evitar el endeudamiento completo. “Las familias que quedan fuera de la gratuidad, hacen el mayor esfuerzo posible para que sus hijos no se endeuden, por lo que si pueden pagar parte o el total de los costos de los estudios, lo harán”, señaló el Rector. Bajo esa premisa, la propuesta es que se pueda “considerar la opción de que las y los estudiantes accedan a un financiamiento parcial, en función de las posibilidades de un pago parcial de sus familias para así evitar el endeudamiento futuro”.
En tercer lugar, el Rector Saavedra manifestó que se debe ampliar el copago a más deciles, ya que en la propuesta actual sólo los estudiantes del décimo decil aportarían al copago. “Esto puede incentivar la manipulación de datos para calificar en deciles inferiores, por eso proponemos incluir al menos el noveno decil, o implementar un copago progresivo desde el séptimo al décimo, respetando además la autonomía de las instituciones”.
Justicia territorial y para las instituciones tradicionales
En cuanto al trato hacia las regiones, el Rector Saavedra enfatizó que “este proyecto considera sólo matrícula y arancel como costos relevantes, pero desde las regiones debemos señalar que eso es insuficiente. Estudiantes que vienen de zonas rurales enfrentan costos adicionales en vivienda, alimentación y traslados que no están contemplados en el diseño”, advirtió, incorporando así un aspecto que espera se pueda analizar y discutir en la tramitación del proyecto. Junto con lo anterior, apuntó a la eliminación de exigencias de pago de garantías asociadas al CAE. “Esto tiene un costo cercano a 20 mil millones de pesos para las instituciones de educación superior”, detalló.
El Rector Saavedra valoró otros elementos del proyecto. Por ejemplo, aspectos que benefician directamente a universidades adscritas a la gratuidad, como la derogación de normativas que limitan los ingresos institucionales para estudiantes que exceden la duración nominal de sus carreras, refiriéndose al artículo 108 de la Ley 21.091. “Actualmente, esta restricción significa una merma anual de cerca de 46 mil millones de pesos para el sistema universitario. Su eliminación será un alivio muy significativo”, aseguró.
Al final de su exposición, el Dr. Saavedra mostró una lámina elaborada en 2021 por el entonces subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas Duhart -y hoy Rector de la Universidad Finis Terrae- quien hace algunos días señaló en la prensa que las universidades que no están en el Cruch reciben un trato desigual con los nuevos ajustes de financiamiento. Ante esto, el Rector UdeC comparó la tabla elaborada por el exsubsecretario el 2021, con los números proyectados a la actualidad, para graficar que, pese a las diferencias entre gobiernos, los criterios técnicos convergen. “Lo que muestra este ejercicio es que, independiente de los gobiernos, los resultados de regulación de aranceles, basados en parámetros objetivos, probablemente con modelamientos diferentes, llegan a resultados muy similares”, finalizó el Rector UdeC.
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