La pandemia pone en evidencia las desigualdades: no basta con una escuela que ofrezca oportunidades

En las últimas semanas y por distintos medios de comunicación, hemos escuchado como es que una de las principales medidas para combatir la pandemia que nos aqueja es el distanciamiento social y, junto a ello, la posibilidad de quedarse en casa. Lo que ha impactado profundamente nuestra cotidianeidad. Especialmente relevante es lo ocurrido a nivel educacional, puesto que miles de niños, niñas y adolescentes se han tenido que refugiar en sus casas para recibir sus lecciones allí, utilizando las bondades de la tecnología y las bondades que supuestamente ha de tener todo hogar. 

El presupuesto es que cada niño, niña y adolescente en su casa dispone de un espacio adecuado para estudiar con tranquilidad, con un equipo informático actualizado, con conectividad y “megas” suficientes para “bajar el material” y poder trabajar. 

El escenario descrito constituye una genuina utopía para aquellas familias que no cuentan con una remuneración estable durante la crisis sanitaria. La ulterior invitación de “quedarse en casa” se convierte así en una dolorosa sentencia a vivir las 24 horas, y de manera muy intensa, esta precariedad económica. 

En especial las familias que la mayoría de las veces no han podido acceder a una vivienda, y por tanto sus niñas y niños están condenados a vivir confinados en espacios que no reúnen las condiciones necesarias de salubridad ni habitabilidad mínima de acuerdo con estándares internacionales. Familias cuyos adultos se desempeñan laboralmente en actividades informales, que viven a diario las consecuencias de inseguridad laboral y que institucionaliza distintas precariedades que se trasladan directamente al hogar. Lo que les impide ofrecer a sus niños y niñas lo más mínimo para poder subsistir, vulnerando sus derechos más esenciales. Los mismos que nuestro país ha suscrito explícitamente en instrumentos internacionales, pero que nuestro ordenamiento constitucional hace imposible su exigibilidad real.

De allí que la frase de quedarse en casa se convierte, a través de este expediente, en una nueva evidencia de la necesidad de cambiar nuestro tantas veces cuestionado ordenamiento constitucional. Se trata de avanzar hacia una comprensión del Derecho a la Educación que esté más próxima a la idea de una escuela justa —o lo menos injusta posible— que permita nuevas articulaciones entre principios, como el de igualdad de oportunidades, y las realidades, diversidades y contextos de las familias de nuestro país.