Con más de 508 viviendas destruidas, 7.045 personas damnificadas y 19 fallecidos solo en el Biobío, los incendios forestales que afectaron a la región durante el fin de semana activaron una emergencia de gran escala. Al respecto, docentes de la Universidad de Concepción coincidieron en que este desastre alcanzó una magnitud inédita en más de una década.
La Provincia de Concepción se convirtió en uno de los epicentros del desastre. Zonas como Lirquén, Penco, Punta de Parra, Trinitarias, Rancho Chico, Palomares y áreas rurales cercanas enfrentaron propagaciones extremadamente rápidas, impulsadas por condiciones meteorológicas adversas y por la alta continuidad del paisaje forestal.
La extensión y alcance del daño confirman diversos estudios que evidencian que la región enfrenta condiciones estructurales que exceden la respuesta operativa. Esta situación, advierten docentes de la Casa de Estudios, requieren una revisión profunda de las políticas de ocupación del territorio.
Incendios forestales: condiciones que acompañaron la propagación
El climatólogo y Director del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas UdeC, Dr. Martín Jacques Coper, explicó que durante los días más críticos se registraron temperaturas extremas en diversos puntos del centro sur del país. Este escenario fue acompañado de una humedad muy baja y ráfagas de viento en el borde costero.
«Mientras en Concepción los valores extremos fueron aproximadamente de 26ºC de máxima y 38% de humedad relativa, en Chillán se registraron 37ºC y 15%. En la costa del Biobío, hay registros de ráfagas de aproximadamente 50 km/h. En conjunto, esta combinación de condiciones favorece la rápida propagación del fuego», señaló.
El Dr. Jacques descartó que estos patrones hayan sido inesperados, ya que las condiciones fueron debidamente pronosticadas. Estas se enmarcan en un escenario donde el verano vigente ya había presentado episodios repetidos de calor extremo.
«Los dos fines de semanas previos hemos tenido olas de calor en sectores del interior de la región. Las condiciones meteorológicas extremas de este fin de semana estaban bien pronosticadas. Además, en línea con la investigación que realizamos en UdeC, en el caso de estos eventos cálidos hay ciertas señales precursoras de más largo plazo que hemos podido monitorear», añadió.
En cuanto a la comparación con eventos como los de 2017 o 2023, el docente afirmó que el riesgo regional se mantiene persistentemente elevado. Lo anterior se explica por factores que no solo están enmarcados en el análisis meteorológico:
«El paisaje está dominado por extensas plantaciones forestales uniformes y continuas, muy propensas a la propagación del fuego. Además, a eso se superpone que hemos tenido déficits de precipitación y eventos cálidos que secan el combustible y facilitan la propagación del fuego una vez que hay focos de ignición».
Riesgo territorial, amenaza prevista y ampliamente documentada
El análisis territorial desarrollado por el Laboratorio de Reducción de Riesgos Socionaturales (LARRS) del Centro EULA de la Universidad de Concepción ya había identificado al incendio forestal como la amenaza principal de la Provincia de Concepción.
cEsto se dio en el contexto del estudio para la Imagen Objetivo del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
El Director del Laboratorio de Reducción de Riesgos Socionaturales, Dr. Octavio Rojas Vilches, explicó que este análisis permitió determinar que la mayor parte de la superficie provincial cuenta con amenaza de incendios, en cuanto a condiciones físicas favorables para su ocurrencia o propagación.
«Cerca del 90% de la superficie provincial se encuentra amenazada en algún grado de relevancia por incendios forestales. Pero los niveles muy altos se concentran especialmente en las zonas de interfaz urbano-forestal presentes en todas las comunas», dijo.
La interfaz urbano-forestal apunta a las zonas donde los barrios colindan directamente con masas forestales homogéneas.
Dentro de este mismo estudio, sectores como Penco, Lirquén, Palomares, Florida, Hualqui y Santa Juana fueron identificados como áreas vulnerables. Varios de estos territorios coincidieron exactamente con los sectores más afectados en esta emergencia.
Sin embargo, la denominación de riesgo por incendio es un concepto mayor. No solo considera la amenaza, la capacidad del incendio de iniciar y propagarse, sino también la exposición. O sea, si existen personas, viviendas o infraestructura en el área comprometida.
«La mayor parte de los asentamientos humanos y de la población se concentra en la costa, mientras que hacia el interior predominan viviendas dispersas. Estas presentan una materialidad diversa y, en muchos casos, se encuentran muy próximas o insertas en un paisaje altamente susceptible al fuego. Como resultado de la combinación entre amenaza y exposición, el riesgo por incendio forestal alcanza al 99% de la superficie provincial», determinó.
El investigador recalcó que los incendios forestales tienen una recurrencia superior a otros riesgos que cuentan con una capacidad de afectación similar.
«En términos de daños a personas y viviendas, solo el tsunami presenta magnitudes comparables; sin embargo, la diferencia fundamental radica en la recurrencia, que es significativamente menor en el caso de los tsunamis en comparación con los incendios forestales», sostuvo.
A nivel regional, el 84% de del territorio metropolitano está expuesto a una o más amenazas de acuerdo al análisis. Ello plantea desafíos significativos para los procesos de reconstrucción y planificación.
Según el Dr. Octavio Rojas, el trabajo será evitar la repetición de los modos en los que se ha ocupado el suelo.
«El proceso de reconstrucción posterior a esta emergencia tendrá un desafío central, repensar las formas de ocupación del territorio y de desarrollo urbano, de manera de no reproducir los patrones que contribuyeron a la materialización de este lamentable desastre».
Los desafíos para enfrentar las vulnerabilidades del territorio
La académica del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y Directora del Grupo de Estudio Multiamenazas, Vulnerabilidades y Cambio Climático (Multiamenazas Biobío), Dra. Edilia Jaque Castillo, enfatizó que la vulnerabilidad es un componente central para comprender el nivel de impacto observado, tanto en el nivel educativo como urbano.
«La vulnerabilidad educativa, el conocimiento clave de que estamos habitando una zona de peligro de incendios forestales, no es una información concreta e introyectada en la comunidad. Por otro lado, la otra vulnerabilidad urbana tiene que ver con la materialidad de las viviendas, que puede permitir que el fuego las consuma en muy poco tiempo», explicó la académica.
Esto, sumado a una infraestructura de vialidad poco adecuada en disponibilidad y ancho, condiciona fuertemente la respuesta ante incendios de rápida propagación.
Del mismo modo, los patrones de ocupación del territorio también generan escenarios de riesgo extremo de manera recurrente.
«En el caso de prácticamente todas las comunas del borde costero y, particularmente todas las comunas del área metropolitana de Concepción, conviven usos de suelo mixtos. Es decir, las plantaciones forestales homogéneas están vecindad inmediata con áreas habitadas, como es el caso de Juan Riquelme, Palomares o Agüita de la Perdiz», ejemplificó.
El problema, lamentó la Dra. Edilia Jaque, es que este patrón implica que un incendio de gran magnitud puede repetirse cíclicamente.
«Así como Santa Juana no se ha quemado este año, la ocupación posterior con el mismo tipo de uso, con las mismas plantaciones, la vuelta a generar los mismos tipos de uso en esos mismos lugares permitirá que esto se repita en un par de años más, cuando las plantaciones alcancen una masa suficiente para propagar un incendio», advirtió.
La investigadora advirtió que Chile carece aún de una definición normativa para la interfaz urbano-forestal, a pesar de que a nivel nacional es en estas áreas donde se ha concentrado la mayor mortalidad y destrucción en incendios recientes. Recordó también que la actualización de los estudios de riesgo comunales recién se hizo obligatoria desde 2025, y llamó a evitar que pase un tramo de varios años para que la región completa cuente con los análisis adecuados que incluyan amenaza, vulnerabilidad y exposición.
«Para que todas las comunas de la región del Biobío actualicen sus estudios de riesgo en función de lo que pide hoy día el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, van a pasar cinco, diez o veinte años más. No podemos llegar a eso», sentenció.
Por ello, subrayó la necesidad de ciencia aplicada y sostenida, con herramientas técnicas permanente para municipios y comunidades. De este modo los mapas de riesgo, que han demostrado ser precisos al anticipar las zonas afectadas, no sean solo diagnósticos sino instrumentos de decisión para la acción territorial.
