Deudas que desbordan: una mirada de salud mental al embargo del CAE

Esta semana nos enteramos por redes sociales y los medios masivos de difusión que una parte de la población en Chile sufrió el embargo de sus cuentas bancarias por parte de la Tesorería General de la República debido a deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE). Más allá del debate que este hecho genera, existe una dimensión que muchas veces queda relegada a un segundo plano: el impacto que estos hechos tienen sobre la salud mental de las personas.

Vivimos en un contexto donde la salud mental atraviesa una crisis silenciosa, pero persistente. Las cifras de ansiedad, depresión, suicidio, consumo de sustancias y síntomas asociados al alto estrés han aumentado sostenidamente en los últimos años. La incertidumbre genera altos niveles de estrés, ansiedad e incluso síntomas depresivos, especialmente cuando las personas sienten que han perdido el control sobre aspectos fundamentales de su vida cotidiana.

Uno de los factores principales que puede afectar la salud mental tiene que ver con una respuesta profundamente humana y primitiva: la necesidad de anticipar lo que ocurrirá. Quienes descubrieron de un día para otro que sus cuentas habían sido embargadas no solo enfrentaron una dificultad financiera. También experimentaron miedo, angustia e impotencia. ¿Cómo pagar el arriendo? ¿Cómo comprar alimentos? ¿Cómo responder a las necesidades de los hijos e hijas? ¿Cómo pagar una deuda que excede a mi realidad actual?

Sin embargo, sería un error comprender esta problemática únicamente desde una perspectiva individual. Cuando cientos de personas son afectadas, y otras susceptibles, con una deuda que crece con cada reajuste, simultáneamente por una situación que amenaza su seguridad económica y emocional, estamos frente a un fenómeno que trasciende lo privado y se puede convertir en una preocupación de salud pública.

La salud mental no depende exclusivamente de las herramientas personales para enfrentar la adversidad. También está determinada por las condiciones sociales, económicas e institucionales que permiten a las personas vivir con dignidad, previsibilidad y acceso a mecanismos claros de información y apoyo. Las políticas públicas y los procedimientos del Estado deben considerar que detrás de cada medida existen personas con realidades diversas, familias y redes completas que pueden verse profundamente afectadas.

Incorporar una mirada de salud mental en la toma de decisiones no implica renunciar a la responsabilidad financiera ni desconocer el cumplimiento de obligaciones. Significa reconocer que las formas importan. La transparencia de la información, la comunicación oportuna, la posibilidad de orientación y el acceso a alternativas pueden disminuir el sufrimiento evitable que producen estos procesos.

Porque cuando la deuda irrumpe sin aviso y amenaza la posibilidad de sostener la vida cotidiana, lo que está en juego no es sólo el equilibrio financiero de las personas. También lo está su salud mental. Y eso debe importarnos a todos.