Cuando urge desaparecer de búsquedas en línea: Académico UdeC da claves para entender el "derecho al olvido"

Un escenario posible en torno al “derecho al olvido” es aquel en que una búsqueda en internet asocia a una persona con una noticia antigua sobre un hecho delicado ya resuelto. Aunque la información sea verídica, esta presencia en buscadores puede afectar oportunidades laborales, relaciones personales o su reputación.

Este concepto, objeto de debate a nivel internacional, también ha comenzado a ser abordado en el ámbito judicial chileno.

A nivel internacional, el caso del español Mario Costeja contra Google, resuelto en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentó un antes y un después en la posibilidad de que una persona solicite la eliminación de enlaces en los resultados de búsqueda asociados a su nombre. El hecho impulsó regulaciones más estrictas en protección de datos personales y abrió la conversación del equilibrio entre privacidad y libertad de expresión.

A pesar de que en Chile no existe el “derecho al olvido” como figura autónoma, los tribunales han aceptado solicitudes de eliminación o desindexación de información, es decir, excluir un portal o página de los resultados arrojados por motores de búsqueda. En este marco, la Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales entrará en vigencia en diciembre de 2026, aportando más sustento al debate.

«El “derecho al olvido” es la posibilidad de que una persona solicite que ciertos datos personales que se encuentran en Internet dejen de aparecer en los resultados de motores de búsqueda como Google cuando se busca su nombre. En principio no implica borrar el contenido original, sino “desindexarlo” para que no sea fácilmente accesible al buscar o “googlear” a esa persona», definió el académico del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, Dr. Ricardo Concha Machuca.

El abogado, quien también se desempeña como árbitro de NIC Chile, advirtió que los avances tecnológicos inciden que el “derecho al olvido” cobre una relevancia mayor: «Hoy en día el problema puede agravarse ya que muchos de esos datos pueden haber sido utilizados para entrenar modelos de las denominadas IA generativas».  

Debate entre privacidad y derecho a informar

Para el Dr. Ricardo Concha, la figura del “derecho al olvido” requiere un cuidadoso balance con la libertad de expresión y el derecho a informar.

«Cuando la información es de interés público, existe un fuerte argumento para mantenerla disponible, pues involucra el interés general. En estos casos, el derecho al olvido debe ceder frente al derecho de la sociedad a acceder a información legítima para fines de investigación, historia o archivo», señaló.

Para lograr este balance, el académico del Departamento de Derecho Privado UdeC sostuvo que es vital el análisis de cada una de las situaciones para que el derecho al olvido se aplique siguiendo su espíritu original.

«El derecho al olvido, correctamente entendido, no elimina el contenido original, sino que lo saca de la lista de resultados de búsqueda vinculados al nombre de una persona. Así, la información sigue accesible mediante otras búsquedas, protegiendo la privacidad sin impedir totalmente el acceso público. Este equilibrio requiere evaluar caso a caso, ponderando la relevancia pública de la información frente al impacto en la vida privada».

En cuanto a la nueva Ley de Protección de Datos Personales, el Dr. Ricardo Concha destacó que fortalece herramientas como el derecho de supresión y el derecho de oposición, que permitirán a las personas solicitar la eliminación o desindexación de datos personales, «especialmente si carece de interés público y afecta su dignidad, reputación o posibilidades de desarrollo».

¿Es posible que Chile alcance un estándar similar al europeo? El abogado considera que es factible, aunque dependerá de la interpretación judicial y de la forma en que sea implementada la nueva ley.

«En Europa, el derecho al olvido tiene un reconocimiento amplio gracias a decisiones como la del Caso Costeja. En Chile ya hay sentencias que lo han aplicado, y con la protección de datos como derecho constitucional podría avanzar más, lo mismo con la entrada en vigencia de la nueva ley de datos personales. Sin embargo, todavía existe debate sobre sus límites y su alcance territorial (nacional o global), así como sobre el riesgo de afectar la libertad de expresión y el derecho a la información», finalizó el Dr. Ricardo Concha.