Crisis de la basura: “Si no cambiamos la cultura del descarte todo va a seguir igual”

La crisis de la basura que ha vivido la intercomuna en 2023 a partir del cierre de las operaciones del relleno sanitario de Copiulemu, resuelto con la aprobación de ampliación de la planta Cemarc en Penco, es un reflejo de la relación que tenemos con nuestra basura.

Cada año en Chile se generan sobre 20 millones de tonelada de desechos, de los cuales cerca de un tercio corresponden a residuos gestionados por los municipios que en un 98% llegan a disposición final; es decir, la segregación de basura prácticamente no existe.

Por otro lado, se estima que cada persona produce 1,13 kilos de basura al día -con un porcentaje importante de alimentos desechados y material orgánico que podría ser compostado- de los que apenas se recicla el 10%.

Para la académica de la Facultad de Ciencias Ambientales (FCA), Dra. Patricia González Sánchez, el problema de los rellenos sanitarios -un tema recurrente en distintas ciudades-  radica principalmente en nuestros patrones de consumo.

“Yo creo que ahí tiene que haber un cambio radical; mientras nosotros no nos hagamos cargo del problema, esto no va a cambiar. Podemos tenemos las mejores leyes, las mejores normativas, el mejor sistema, pero si no cambiamos la ‘cultura del descarte’, de comprar y desechar, todo va a seguir igual”, afirma la ingeniera civil química y doctora en Ciencias Ambientales.

La especialista considera que en nuestra forma de consumo no existe conciencia de que lo que se descarta tiene que ir a un lugar de disposición y que hoy, con los grandes volúmenes de basura que se producen, siempre habrá limitaciones de capacidad a pesar de las grandes superficies que se destinan a este fin.

“Además, cada vez es más difícil instalar un relleno sanitario, porque nadie quiere tener uno en su comuna”, señala.

Pero también existen importantes costos asociados a la gestión de la basura. “Ya en el caso de Cemarc, que es un sistema privado, están subiendo los precios. Finalmente, se trata de un tema de oferta y de demanda”, dijo.

Y es un costo del que tampoco son conscientes los ciudadanos, agrega la académica. 

“Siempre miramos a Europa y pensamos que van bien porque tienen tecnologías. Sí, las tienen, pero votan lo mínimo porque deben pagar por ello. Esa es la gran diferencia, porque a nosotros no nos duele el bolsillo. Son algunos los que pagan, a través de las contribuciones, y no son montos muy altos; pero muchos están exentos, y el nivel de deudores es alto”, anota González.

Con todo, la académica se muestra esperanzada en lo que puedan hacer las nuevas generaciones en su relación con los desechos en el contexto de las visiones de la economía circular.

En lo más cercano, destaca los avances que podrían anotarse en la materia con la entrada en vigencia, en septiembre de 2023, de la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje.

Uno de los instrumentos centrales de esta ley es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un sistema especial por el cual los productores prioritarios deben hacerse cargo de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de sus productos.

La normativa ha puesto como prioridad cinco grupos de productos que deben ser el foco de la responsabilidad de los productores y que se han establecido por su consumo masivo, por el volumen de sus desechos, por ser residuos peligrosos para la salud de las personas y/o el medio ambiente, por presentar oportunidad de valorización, y por la existencia de una regulación comparada de referencia.

Estos son aceites y lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y pilas, envases y embalajes, y neumáticos.

“En el caso de los envases y embalajes, sobre todo envases de alimentos, que tienen mucha incidencia en los residuos domiciliarios, ya hay un decreto que establece las metas de recolección de estos productos. Pero también hay un área que tiene que ver con los residuos no domiciliarios”.

El Decreto Supremo Nº 12 del Ministerio del Medioambiente fija metas de recolección y valorización (reciclaje) de residuos sobre la base de lo que los productores declaran que ingresan al mercado y que van entre el 3 y el 6% para envases de cartón para líquidos, metal, papeles y cartones y plásticos, y del 11% para vidrios.  Estas son las exigencias para el primer año de vigencia de la ley, que irán aumentando progresivamente en el tiempo.

Para cumplir esas metas los productores pueden conformar o contratar sistemas de gestión que, para efectos de los residuos domiciliarios, implica coordinaciones con los municipios.

“Yo creo que (la REP) puede ser un aporte a la gestión de residuos”, afirma Patricia González, anotando los varios desafíos que existen para la instalación de esta normativa.

Entre ellos, menciona la necesidad de contar con instalaciones para la separación de desechos, puntos limpios para recolectar los residuos y responsables de recogerlos, donde -en su opinión- los recolectores de base pueden tener un papel fundamental.

Un punto sobre el que la especialista llama la atención es la valorización de los residuos. “Ahí estamos al debe como región, porque la mayoría de las empresas recicladoras están en la Región Metropolitana, entonces siento que falta avanzar en esto”.

Y si bien, la REP obliga a los productores, la experta considera que también hay que revisar el papel que les compete a los consumidores.  “Aunque no es una obligación de nosotros, va a ser un cambio cultural. Tal vez sea necesario poner algún incentivo como ocurre en otros países cuando llevan ropa y textiles para reutilizar, que le dan un cupón”, explicó.

Patricia González acota que no hay que perder de vista que todo esto es parte de un ciclo, que debiera comenzar con la reducción del consumo, incluyendo productos que generen menos desechos, y que sigue con la reutilización, evitando el descarte, para luego pensar en el reciclaje. Y todo esto pasa, por tener una sociedad educada y más consciente.