El académico de la Facultad de Farmacia, Dr. Ricardo Godoy, fue ratificado como nuevo Mediador Universitario UdeC, destacando su amplia trayectoria y compromiso institucional.
La clasificadora Humphreys elevó la clasificación de riesgo de la Corporación Universidad de Concepción a categoría AA-. La decisión confirma la solidez financiera institucional, gestión consistente y posicionamiento, refrendando la evaluación que previamente había realizado ICR Chile.
El proceso registró 24.914 postulaciones efectivas para los 4.924 cupos ofrecidos, evidenciando una sostenida demanda por la oferta académica de la Universidad de Concepción.
Tras los incendios de gran magnitud que afectaron la Provincia de Concepción, con severas pérdidas humanas y materiales, académicos UdeC señalaron que la alta exposición y la vulnerabilidad urbana mantienen a casi la totalidad del área bajo amenaza.
La ciudadanía eligió el diseño del Campanil UdeC para la nueva tarjeta de pago del transporte público del Gran Concepción. El hito que acompaña la modernización del sistema y destaca el valor simbólico de la Casa de Estudios.
La UdeC y la Universidad de Lund firmaron un convenio de intercambio que refuerza la cooperación académica, la movilidad estudiantil y la apertura de nuevas áreas de colaboración.
El Gobierno presentó ajustes al proyecto FES para reemplazar el CAE, incluyendo becas, autonomía institucional y fortalecimiento de aportes basales. El Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, valoró las indicaciones porque abordan aspectos esenciales y hacen viable la propuesta, destacando el refuerzo a los aportes basales para desarrollo estratégico.
La versión local del encuentro reunió a investigadores, autoridades y comunidad en torno a riesgos de desastres, resiliencia urbana y gobernanza oceánica, con activa participación de académicas y académicos de la Universidad de Concepción.
La Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio UdeC, Dra. Ximena Gauché Marchetti, advirtió que la crisis en Venezuela afecta gravemente a la niñez y adolescencia, exponiéndoles a riesgos físicos, psicológicos y vulneración de derechos básicos como salud y educación. Planteó que este escenario debe impulsar un debate global sobre la eficacia del derecho internacional y la protección infantil.
