Los siniestros registrados recientemente en las regiones de Ñuble y Biobío pone de manifiesto los riesgos en entornos urbanos y la vulnerabilidad de las ciudades emplazadas en la interfaz urbano-forestal (WUI). Un estudio liderado por especialistas chilenos y españoles, con participación de la Universidad de Concepción, publicado en Science of the Total Environment, advirtió ya en 2020 sobre la exposición de millones de personas a este tipo de emergencias.
El académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Francisco de la Barrera Melgarejo, fue parte del estudio que examinó, a partir del análisis de imágenes satelitales, incendios forestales registrados entre las regiones de Valparaíso y La Araucanía entre los años 2001 y 2017.
La publicación evidencia el peligro que envuelve el aumento de la cercanía entre áreas pobladas y plantaciones forestales o bosques propensos a incendios, fenómeno que se ve intensificado por las condiciones de mayor aridez derivadas del cambio climático
Los especialistas detectaron que el 25% de la población urbana habita en áreas WUI -zonas en las que convergen viviendas, infraestructura y vegetación altamente inflamable- principalmente en las regiones del Biobío (donde se concentra el 44,1% de la superficie de plantaciones forestales), La Araucanía y Valparaíso.
El Dr. de la Barrera comentó que el siniestro en Penco, región del Biobío, se originó en un sector rural distante varios kilómetros de la zona urbana que avanzó rápidamente al poblado “por una meteorología favorable con vientos que soplan en esa dirección”, pero sobre todo por una alta presencia de combustible.
“Hay una vegetación muy seca, densa, con poco manejo, que hace que haya mucho material para combustible que se quema y (el fuego) llegue a la zona urbana”, dijo el especialista en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental.
Las plantaciones activas o abandonadas en condiciones meteorológicas extremas hacen que un incendio sea capaz de correr grandes distancias, a gran velocidad y alta intensidad, imposibilitando su combate, explicó el investigador.
“La única respuesta posible desde los sectores poblados en este escenario fue evacuar”, aseveró.
Necesidad de políticas públicas
El artículo también expone la necesidad de contar con políticas públicas para identificar las áreas de interfaz urbano-forestal, que en Chile no están definidas normativamente; los riesgos de ocurrencia de siniestros y métodos de prevención como cortafuegos.
El Dr. de la Barrera considera que se requiere contar con regulaciones específicas para la planificación dentro y fuera de los límites urbanos, partiendo por definir las zonas de interfaz urbano-forestal y estableciendo un límite entre ambos sectores.
“Ahí se pueden seguir distintos estándares. Dos a cinco kilómetros son distancias razonables, dentro de las que tiene que haber un manejo activo de la vegetación para evitar el paso del fuego”, aseveró.
Este tipo de gestión del combustible debiera aplicarse en áreas rurales, dejando al menos unos diez kilómetros desde el borde urbano.
De acuerdo al especialista, estas medidas deben ser parte de una planificación una escala territorial mayor, a escala metropolitana para el Gran Concepción o regional en otros casos.
“Para eso es necesario que haya un mecanismo que nos permita obligar a propietarios privados a hacer planes de manejo o bien permitir el paso de infraestructura pública, como maquinaria, con el costo a su cargo si no ejecutan las medidas que tienen que tomar”, indicó.
El académico advirtió que en el área metropolitana de Concepción hay muchas zonas que están expuestas en la interfaz urbano-forestal y siguen siendo vulnerables a eventuales incendios como planteó el estudio de hace cinco años.
“Están San Pedro y Coronel; ya tuvimos el caso de Santa Juana; Chiguayante, Manquimávida, Hualqui y también Coronel. Hay mucha población expuesta, pero probablemente Penco y Tomé sean las comunas que están en mayor riesgo”, puntualizó el investigador.
El estudio, ampliamente difundido en la prensa, fue compartido en su momento con el equipo responsable del sistema de estándares e indicadores de desarrollo urbano en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A nivel local, en tanto, sirvió de base para el desarrollo de estudios de riesgo para el nuevo Plan Regulador Metropolitano de Concepción a cargo de los académicos UdeC, Octavio Rojas Vilches (quien dirigió el trabajo) y Francisco de la Barrera.
