Los desafíos de la participación ciudadana en tiempos de crisis

Atravesada la cuarta semana de manifestaciones en Chile, la ciudadanía busca dar respuestas a sus demandas participando en un amplio abanico de instancias. Las palabras cabildo, plebiscito, constituyente, entre otras, han irrumpido velozmente en las diferentes agendas de una sociedad que quiere ser protagonista de las decisiones que se tomen a nivel país.

Uno de los puntos más visibles de esta crisis social es la transversal falta de confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos, sin importar el sector del que estos provengan. Ante tal diagnóstico, la ciudadanía ha empezado a desarrollar actividades que hasta hace un tiempo eran inesperadas, o en el mejor de los casos, contaban con una participación muy acotada.

Al respecto, un grupo de expertas UdeC brinda sus consideraciones acerca de estas formas de participación ciudadana. La Dra. Waleska Muñoz Aravena, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política, destaca que “hoy en día se está reconociendo un derecho que le fue delegado a los ciudadanos, en referencia a que participen en los asuntos que son de su interés. Se escuchan conceptos de democracia participativa, de gobernanza participativa, a propósito de la incapacidad que ha tenido el Estado para reconocer y detectar las necesidades de los ciudadanos, pero también de poder responder adecuadamente”.

“Desde la esencia del Estado despersonificado con su administración pública debió estar incorporada siempre la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Está reconocido como un derecho, pero no está la regulación adecuada para que efectivamente sea un derecho que podamos ejercer y que la autoridad la esté hoy en día utilizando”, agrega.

Siguiendo la misma línea, la Dra. Noelia Carrasco Henríquez, Directora del programa de investigación Cidesal UdeC (Ciencia, Desarrollo y Sociedad en América Latina), plantea que “todo lo que hemos visto en las últimas semanas es la evidencia de que la sociedad civil tiene una capacidad propia, inherente a su naturaleza, de poder autoconvocarse, sentarse a dialogar respetuosamente, construir colectivamente consensos con miras a proyectar acuerdos que puedan trascender muchas veces a sus espacios locales —o a sus espacios temáticos específicos— y contribuir a lo que hoy se está entendiendo como un nuevo diseño de país”.

La antropóloga complementa señalando que “se trata de espacios que no están conducidos por liderazgos específicos, la mayoría son convocados por estructuras muy horizontales que están utilizando espacios públicos para reunirse, que están innovando en cuanto a la manera de convocarse, de sentarse a conversar, que están generándose preguntas que previo a esta situación no había sido posible plantear con la legitimidad de hoy. La sociedad no necesita exclusivamente normativas, instrucción, institucionalización de los procesos; la sociedad reacciona y se autoconvoca”.

Complejidad de lo vinculante

Uno de los puntos más difíciles es lo vinculante o no que puedan llegar a ser las distintas formas de organización que se han visto en estos días. En esta línea, la Dra. Violeta Montero Barriga, Directora del Magíster Política y Gobierno UdeC, apunta que, en particular, “Chile ha firmado convenciones internacionales, como la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, políticas de gobierno abierto, la ley 20.500, que marca un antes y un después —discursivo al menos— en términos de la intención de la gestión pública de recoger la opinión ciudadana. Entonces, a partir de la ley 20.500, existen ya en Chile mecanismos de participación que están operando; dentro de los que más conocemos están los Consejos de la Sociedad Civil que están funcionando en los municipios, pero también en los servicios públicos”.

La también docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política considera que al menos, en la región, Uruguay es un caso emblemático, al ser un país pequeño con una tradición de participación mucho mayor. “Creo, y esto está dicho por la literatura, que Chile es un régimen político cerrado históricamente que ha sido organizado sobre la base de la construcción de políticas públicas desde el saber experto hacia la toma de decisiones y en esa dinámica no ha habido la impresión de que la ciudadanía tiene el suficiente saber para poder incidir en estas”.

Por su parte, la Dra. Muñoz considera que “la administración está con la idea de que ‘yo te voy a informar’ lo que está sucediendo. Hoy el ciudadano quiere participar, porque esas decisiones finalmente le pueden afectar. Los ciudadanos están conociendo cuáles son sus derechos y están reclamando justamente que sean considerados previo a la toma de decisiones. Cuando los mecanismos institucionales no se están utilizando, no están debidamente regulados; y si se están utilizando, no están cumpliendo con el fin de ser considerados en las políticas públicas, la gente termina utilizando mecanismos no institucionales”.

Finalmente, Noelia Carrasco afirma que “todavía no hay condiciones que garanticen precisamente el carácter vinculante y el alcance que puedan tener todos los esfuerzos de convocatoria y de trabajo que están haciendo hoy en día las comunidades bajo carácter autoconvocado”.

Medidas tendientes a disminuir la presión social

Nadie tiene recetas para amainar un descontento que parece lejos de terminarse, pero sí las tres coinciden en que algunas señales que se brinden desde el Ejecutivo pudieran resultar de gran ayuda.

Para la Dra. Carrasco, la presencia de miembros de la sociedad civil en los espacios de toma de decisiones “sería la evidencia de que aquello que está en crisis hoy —las estructuras políticas que controlan la estructura de la vida social— están entendiendo que tienen que abrirse y replantearse, darse cuenta que no cuentan con herramientas suficientes para hacer los cambios por sí solos. Sería un acto muy altruista y hoy en día no tenemos señales que podamos seguir por esa vía. El gobierno y la clase política se está resistiendo de múltiples maneras a poder abrirse y pluralizar sus perspectivas”.

Violeta Montero por su parte, hace hincapié en la necesidad de canalizar las demandas, afirmando que “se logró instalar en la agenda pública temáticas que tienen que ver con el abuso, con la desigualdad, con la descentralización, que es un tema tan importante para nuestras regiones, y yo tengo la esperanza que se puedan enfrentar de la mejor forma para generar un país más igualitario, con más justicia social, con más dignidad y humanidad en el trato”.

Finalmente, Waleska Muñoz sostiene que “también hay que invitar a algunos representantes de la sociedad civll organizada que la ciudadanía reconozca, por ejemplo, Juan Carlos Venegas, que es el presidente de la Federación Nacional de Consejos Comunales en la Sociedad Civil, que ha tenido un rol fundamental en la discusión en torno a la participación ciudadana. Si uno visualizara que aparte de los actores políticos están considerando justamente en la discusión en La Moneda a representantes de distintas organizaciones, a lo mejor uno podría decir que ahí está representada la voz de la ciudadanía”.