UdeC desarrolla seminario sobre sistema de financiamiento a la educación superior

Desafíos del sistema de financiamiento a la educación superior en Chile fue el nombre del seminario que se transmitió ayer vía remota. Bajo la organización del grupo de investigación «Políticas Públicas en Educación Universitaria», el evento estuvo moderado por la Dra. Violeta Montero Barriga, directora del grupo de investigación.

El panel estuvo conformado por el Dr. Carlos Saavedra Rubilar, Rector de la Universidad de Concepción, Víctor Orellana Calderón, director de la Fundación Nodo XXI; y María Paz Arzola González, coordinadora del centro de estudios Libertad y Desarrollo.

El financiamiento universitario está puesto en la agenda pública porque es temática de discusión presupuestaria. Fue así como el primer tópico desarrollado correspondió a la asignación de recursos estatales y en los criterios de asignación que el Estado asume para focalizar sus recursos.

El primero en intervenir fue el sociólogo Orellana, quien señaló que la pregunta clave en el financiamiento estatal es si todas las instituciones son equivalentes o si algunas requieren un trato preferencial, abogando por aunar esfuerzos en concretar un sistema de educación universitaria más que un conjunto de instituciones diseminadas.

El profesional, que también se desempeña en el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile, retrocedió hasta los orígenes de la problemática surgida en la dictadura militar, periodo en el cual “se construye un modelo de financiamiento donde la principal responsabilidad ya no está en el Estado, ni en las instituciones ni en el sistema, sino que está en los particulares”.

“Debiéramos pensar en un sistema de educación superior de acorde a los problemas del Chile actual, que tiene problemas sociales y económicos que debemos enfrentar con la construcción del conocimiento. Quizás lo que tuvimos fue un sistema que se masificó, pero lo que produjo fue un proceso de credencialización de la sociedad chilena, pero donde las credenciales se multiplican a la vez que la productividad se estanca”, afirmó.

Por su parte, Arzola considera que “el financiamiento hacia la educación superior debiera transitar hacia una lógica de mirar cuáles son los bienes que se quieren financiar, de tal manera de otorgar mayor equidad al trato que da el Estado a las distintas instituciones, sin dejar fuera de antemano a aquellas de calidad que pueden tener una importante contribución a la generación de bienes públicos, a la docencia, innovación, contribución a su territorio, al desarrollo de las regiones, a la descentralización”, en el fondo, mirar a las instituciones más de acuerdo al aporte que hacen más que a su naturaleza jurídica.

El Rector Saavedra cuestionó el cómo construir un sistema de educación superior de excelencia distribuido uniformemente en nuestro país. “Una vez que definimos nuestro objetivo, podemos definir el cómo vamos a financiar ese sistema”, apuntó, a la vez que señaló que no es posible seguir imaginando el desarrollo de nuestro país con la concentración de hasta un 42% de la población en una fracción muy pequeña del territorio.

“Tenemos que apuntar a qué financiamos: a las instituciones o mantenemos el financiamiento a los estudiantes. Sigo pensando que la mejor opción es que el país financie, sino a todos, a la mayor parte de los y las estudiantes de educación superior, pero a través de un financiamiento a las instituciones que se encuentren alineadas con las políticas de desarrollo del Estado”, explicó.

Gratuidad, becas y créditos

En referencia a estos temas, Orellana señaló que la mayor parte del mundo occidental ha escogido el camino de construir sistemas de educación superior, donde en general la base fundamental son sistemas de carácter público, pero que, sin embargo, “Chile tomó otro camino, el de creer que el mercado podía regular la relación entre educación y sociedad, porque veía en ello más libertad”.

En tanto, respecto a la posibilidad de integrar un sistema de becas, créditos y gratuidad, Arzola  piensa que sería el ideal. “La gratuidad no es un mecanismo sostenible, porque si uno piensa hoy en día en el gasto público como porcentaje del PIB en Chile ya está en el promedio de la OCDE”.

Además, establece que sería una buena solución frenar la gratuidad y dejarla acotada al 60 o 70%. “Esa es una gratuidad que te asegura que el alumno no pague ni hoy ni mañana, lo que se puede complementar con un sistema de becas y un sistema único de créditos que en el fondo pueda terminar con una gratuidad ex post, es decir, en función de la situación futura del egresado, si puede devolver o no los recursos que se le han prestado, estableciendo un plazo máximo de pago al cabo del cual la deuda se extingue y dejar el pago de cuotas de acuerdo a los ingresos de la persona”.

Al respecto, el Rector Saavedra se concentró en los y las estudiantes y el esfuerzo que significa el traslado. “El financiamiento en la educación superior, cuando significa desplazamiento de ciudad, búsqueda de alojamiento y mantención, requiere de un apoyo complementario”, expresó, junto con señalar que casi el 50% de los alumnos y alumnas UdeC no vive en la ciudad donde estudia.

Pandemia

Cada participante fijó su postura respecto de cómo la pandemia ha influido en las temáticas de presupuesto para la educación superior y los problemas que se han generado. Para Arzola, “el Estado está más endeudado que nunca. El gasto público tiene un margen mucho menor para crecer en relación a los años anteriores y eso exige tomar decisiones difíciles, tales como priorizar y reasignar”.

Para el Rector Saavedra es un error apostar que toda la recuperación del país se va a dar vía inversión en infraestrucutura, porque a veces ni siquiera existan proyectos sólidos detrás.

Además, explicó lo complejo de la posición de las universidades, ya que deben que resolver la siguiente ecuación: “garantizar los procesos educativos de calidad, garantizar la seguridad de las personas, garantizar la empleabilidad y la sustentabilidad de las instituciones”, añadiendo que hubiesen esperado el cuidado de las instituciones, ni siquiera una mayor inversión.

Finalmente, Orellana explicó que el problema es muy profundo. “En la medida que el Estado compra, todas las instituciones dependen enormemente de los aranceles. Cuando viene la pandemia, muchos estudiantes congelan o se retiran, por lo que la Covid-19 representa para la institución una amenaza económica, igual que como a cualquier negocio que tenga que vender”, sentenció.

La actividad completa está disponible en el siguiente LINK.