Ornella Tiboni: “Hay que incorporar el derecho (a la seguridad alimentaria) de forma explícita”

“Es el peor retroceso de estos datos en la historia”.

Así define la nutricionista Ornella Tiboni el impacto de la pandemia del Covid-19 en la alimentación de las personas, particularmente en las capas más vulnerables, donde desde hace meses se registran esfuerzos vecinales como ollas comunes para paliar la falta de recursos.

La profesional, que se desempeña como consultora en nutrición y sistemas alimentarios en la representación de FAO en Chile, afirma que el coronavirus asesta un duro golpe a las familias en términos de ingresos y que eso aumenta el riesgo de personas con dificultades para alimentarse o derechamente en situación de hambre.

“Hay que mencionar que América Latina y el Caribe ha tenido avances importantes los últimos 30 años. El súper riesgo que tenemos es que el Banco Central prevé una caída del PIB entre un 5,5 y un 7,5% y este va a ser el peor desempeño de la economía chilena desde 1982. Eso, sumado a que 814 mil personas no tienen trabajo. Si tenemos un escenario donde tuvimos mucho avance, ahora el pronóstico no es muy alentador”, describe Tiboni.

Respecto a los números del hambre, plantea que “en Chile había 600 mil personas en inseguridad alimentaria severa, a eso se espera que se sumen 100 mil personas más, pero estas son cifras pre Covid-19. Luego vienen las palabras de Julio Berdegué (representante regional de FAO para América Latina y el Caribe), quien dice que podríamos aumentar post pandemia en unas 400 mil personas más en Chile. Son números tremendos”.

Más allá de las proyecciones, la experta indica que nuestro país mantiene desde hace años una deuda con las comunidades que experimentan inseguridad alimentaria. Se trata de la vulneración del derecho a la alimentación, que se encuentra estampado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mas no presente en la Constitución Política.

“Si este derecho estuviese en la constitución, permitiría que las personas pudieran exigirle al Estado que se respete y se haga efectivo. Esto los Estados lo hacen a través de legislación, políticas públicas y programas. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Casi todos los países de América Latina y el Caribe adhieren a este pacto, Chile también. Pero 15 países tienen este derecho consagrado en su constitución y Chile no”, explica.

Ornella Tiboni subraya que ya existe un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de la FAO y que desde el movimiento social de octubre que este tema viene cobrando relevancia. “Cuando uno dice que el Estado tiene que ser garante de este derecho, y un ciudadano puede exigirle, es difícil cuando no está de forma explícita en la constitución”.