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El resultado no reiteró explícitamente un llamado a eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, y se rechazó un borrador de texto que instaba a los países a reducir las inversiones en infraestructura de combustibles fósiles y desarrollar instrumentos de “quien contamina paga”.
Hay distintas lecturas del avance que significó la recién finalizada COP 29 en Azerbaiyan, pues, a pesar de las expectativas, se alcanzó un acuerdo de fijar una meta de aporte de los países más desarrollados de al menos 300.000 millones de dólares al año para 2035, con el fin de que los países en desarrollo avancen en su acción climática.
En las últimas horas de las negociaciones, la presión de los países en desarrollo más vulnerables dio un mejor resultado en cuanto a la meta de financiación. Sin embargo, para muchos de estos países, hubo una considerable y justificada decepción dada la brecha que aún existe con respecto a sus necesidades de financiación, identificadas para la adaptación y mitigación del cambio climático. La mitigación consiste en reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y la adaptación consiste en reducir nuestra vulnerabilidad a los cambios, por ejemplo, buscando nuevas fuentes de agua para la población, frente a la creciente sequía que experimentamos.
Desde la presidencia del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible se señaló que «el objetivo aún está lejos de satisfacer las necesidades financieras reales para una mitigación y adaptación climáticas efectivas, pero representa un progreso significativo en el apoyo a los países en desarrollo en sus esfuerzos de acción climática».
Los subsidios a los combustibles fósiles en 23 países desarrollados (aquellos que se comprometieron a proporcionar financiación climática en 1992 y aún son responsables de su provisión en virtud del Acuerdo de París) totalizaron al menos US$ 378 mil millones en 2023, según una base de datos de la OCDE. Además de las negociaciones sobre el nuevo objetivo de financiación climática, un punto importante de discusión en Bakú fue cómo sacar adelante el paquete energético histórico de la COP 28.
En Dubai, los gobiernos acordaron la necesidad de triplicar la capacidad de energía renovable, duplicar la tasa de mejoras de la eficiencia energética para 2030 y abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo llevar adelante el paquete energético, y las conversaciones se aplazaron hasta el próximo año en Brasil, durante la COP 30.
Se rechazaron las propuestas de convocar un espacio anual dedicado a la transición energética, acordar nuevos objetivos para el almacenamiento y las redes y producir informes anuales de progreso sobre la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles.
El resultado no reiteró explícitamente un llamado a eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles, y se rechazó un borrador de texto que instaba a los países a reducir las inversiones en infraestructura de combustibles fósiles y desarrollar instrumentos de “quien contamina paga”.
Es decir, se avanza, pero en forma muy lenta dada la magnitud del desafío que tenemos por delante. Debemos sacar lecciones como región en avanzar más decididamente en nuestros planes de acción climática regional para reducir las emisiones y en particular implementar en medidas de adaptación que permitan reducir nuestras vulnerabilidades como población. En eso hemos estado trabajando durante el último año y esperamos que las nuevas autoridades de la región puedan tomar este desafío como una tarea relevante para la sostenibilidad de nuestro desarrollo.
Columnista
Dr. Ricardo Barra Ríos
Director Centro EULA Chile
Facultad de Ciencias Ambientales UdeC
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