Megaincendios: el problema no es solo el fuego

Cada verano, Chile vuelve a enfrentar incendios forestales de una magnitud que ya no sorprende, pero que sigue cobrándose vidas, viviendas y territorios completos. El concepto de “megaincendio” se ha vuelto habitual, y con él, la tentación de explicarlo todo a partir del cambio climático. Sin duda, el aumento de las temperaturas, la sequía prolongada y las olas de calor crean condiciones propicias para el fuego. Pero reducir el problema a ese factor es, además de incompleto, peligroso.

Los megaincendios no ocurren en el vacío. Ocurren en territorios concretos, modelados por décadas de decisiones —y omisiones— en planificación territorial, uso del suelo y gestión del paisaje. El riesgo no se explica solo por la expansión urbana hacia zonas de interfaz urbano-forestal, sino también por la expansión de la actividad forestal hacia áreas urbanas y periurbanas, así como por la ocupación creciente y muchas veces no regulada del medio rural. Esta convergencia ha configurado paisajes altamente expuestos, donde el fuego encuentra continuidad de combustible y comunidades directamente amenazadas.

La localización de viviendas en áreas rurales y de interfaz, frecuentemente sin estándares de protección, cortafuegos ni accesos adecuados, ha transformado incendios forestales en tragedias humanas. A ello se suma la cercanía entre plantaciones forestales y asentamientos, que reduce las distancias de seguridad y multiplica la velocidad y severidad de la propagación del fuego.

En el debate público ha crecido la atención sobre el rol del modelo productivo y del paisaje forestal. La homogeneidad del territorio, la continuidad de combustibles y la escasa integración entre planificación urbana, rural y forestal aparecen de forma recurrente en las discusiones. Sin embargo, estos elementos siguen teniendo una presencia limitada en el discurso institucional, que tiende a focalizarse en el manejo del combustible sin cuestionar de fondo cómo se organiza y regula el territorio.

La reacción social frente a los incendios recientes ha puesto el foco en la negligencia y la intencionalidad. La indignación es comprensible: la mayoría de los incendios se inicia por acción humana. No obstante, convertir el problema exclusivamente en uno de castigo y seguridad pública puede ocultar una dimensión clave: incluso un incendio intencional solo se transforma en megaincendio cuando ocurre en un territorio que ha sido progresivamente configurado para arder.

A esto se suma una institucionalidad que, año tras año, llega tarde. Se invierte más en combatir que en prevenir, se coordinan esfuerzos bajo presión y se anuncian reformas cuando la emergencia ya está desatada. Mientras tanto, la prevención estructural —la que implica ordenar el territorio, regular el uso del suelo rural, establecer distancias de seguridad entre actividades productivas y zonas habitadas, y reducir la exposición de las personas— sigue siendo la gran ausente.

Si algo ha cambiado en los últimos años, es que el debate ya no se limita al clima. Existe una conciencia creciente de que los megaincendios son un problema territorial, institucional y social. La pregunta ya no es solo cómo apagar el fuego, sino por qué seguimos permitiendo que el riesgo se acumule en la forma en que habitamos y producimos el territorio.

Enfrentar los megaincendios exige decisiones incómodas: actualizar instrumentos de planificación urbana y rural, regular efectivamente la expansión forestal en zonas habitadas, poner límites claros a la ocupación informal del medio rural e invertir sostenidamente en prevención. El fuego seguirá existiendo. La verdadera decisión es si seguiremos construyendo territorios que lo conviertan en desastre.