Cruch decide iniciar proceso de revisión de Ley de Educación Superior

Una revisión de la Ley de Educación Superior (21.091) decidió llevar adelante el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) tras la sesión ordinaria de este jueves.

Según el explicó el vicepresidente ejecutivo de la instancia y Rector de la Universidad de Santiago, Dr. Juan Manuel Zolezzi, la medida responde a la necesidad de revisar los efectos de la legislación a cinco años de su puesta en marcha con la política de gratuidad y a tres de su entrada en vigencia.

«Lo que queremos es hacer un análisis lo más apegado posible a los temas académicos sobre la ley 21.091 y poder, a partir de ahí, tomar algunas decisiones que pudieran ser pedir incluso al Parlamento o al Ejecutivo una revisión de esa ley en algunos aspectos que se consideran que son complejos de manejar para el día de hoy», apuntó la autoridad académica.

Consultado por la disposición del gobierno frente a esta iniciativa, el Rector Zolezzi indicó que recién están iniciando las tareas de revisión y que, lo primero, es realizar «un estudio interno a nivel del Consejo de Rectores con especialistas para poder elaborar lo que podrían ser algunos proyectos de ley que pudieran, a lo mejor, concretarse en el futuro. Para eso tenemos las alternativas del Ejecutivo y también la alternativa del Parlamento».

«Con el Parlamento tenemos una cercanía en la cual ellos nos han estado apoyando en los últimos años en lo que son materias presupuestarias y en una preocupación por la educación superior en términos del financiamiento, desarrollo y calidad. Y desde ese punto de vista el Parlamento ha manifestado que están disponibles. Y del Ejecutivo no hemos escuchado una respuesta negativa, el Ejecutivo está receptivo esperando lo que le podamos plantear y ellos han planteado en algún momento en conversaciones que si efectivamente lo que se propone es razonable, ellos también van a impulsar esas modificaciones». 

Ingresos, aranceles y vacantes

Por su parte, el Rector UdeC, Dr. Carlos Saavedra, quien preside la Comisión Económica del Cruch, entregó antecedentes de la presentación realizada durante la sesión, en la cual se analizó la reducción de ingresos que han experimentado los planteles de educación superior a causa de la emergencia sanitaria.

En ese sentido, precisó que el impacto financiero de la crisis se tradujo en una merma de 248 mil millones de pesos para las universidades del Cruch, lo cual equivale al 100% del Aporte Fiscal Directo que entrega el Estado a las instituciones.

En cuanto al proceso de admisión, el Rector Saavedra comentó que este aún se mantiene activo en algunos planteles y que si se considera el conjunto de universidades vigente en el sistema de admisión hasta 2020, la disminución alcanza el 3,9%. «Hay que recordar que en 2019 ya hubo una disminución importante. 2020 estuvo determinado por el estallido y 2021 por la crisis social y sanitaria. Hay carreras más afectadas, entre ellas las pedagogías, lo cual nos preocupa por la falta de profesores que se prevé en un tiempo cercano».

El Rector de la Universidad de Concepción informó que también fue objeto de discusión la situación de los aranceles regulados. «Se presentó el avance del proceso de elaboración de un modelo propio de aranceles regulados, que considere los aspectos integrales de la definición de los aranceles. En nuestro rol como consejo asesor del Ministerio de Educación, nos parece relevante tener una proposición que contribuya a la elaboración de propuestas de aranceles regulados para todo el sistema, dado que, en esta primera etapa, tenemos un número acotado de carreras (Derecho y pedagogías), por lo tanto es importante tener esa propuesta de mirada integral cuando el sistema se complete».

Finalmente, en lo que guarda relación con la regulación de vacantes, el Presidente de la Comisión Económica del Cruch planteó que se trata de un asunto que preocupa de forma particular a las y los Rectores, dado que recientemente se solicitó información a las universidades y la reglamentación que emane del procedimiento se mantendrá vigente durante los próximos cinco años.

«Uno de los principios que nos parece fundamental es que se respete la autonomía universitaria en la regulación de vacantes y que esta autonomía naturalmente sea creciente en términos de los años de acreditación de las instituciones, de manera de que puedan tener la independencia necesaria para definir los planes, carreras y ofertas que atiendan a los elementos misionales de cada una de las instituciones, y que no estén reguladas únicamente por un modelo prospectivo de oferta y demanda«, postuló el titular de la UdeC.

Requerido por los perjuicios que generaría una regulación de vacantes como se estipula desde la ejecución de la normativa, el Dr. Saavedra manifestó que «podría llevar a las instituciones a abandonar o no contar con posibilidades de tener vacantes en carreras que son misionales y si hacemos un análisis solo en términos de oferta y demanda, va a ser difícil que las instituciones den respuestas a ámbitos profesionales emergentes. Por lo tanto, lo que aquí interesa es que esos elementos puedan ser relevantes para la toma de decisiones de los estudiantes, pero no para regular el sistema. Además, las universidades van construyendo su misión ligada a los territorios, atienden necesidades específicas que deben ser consideradas», sentenció la autoridad.