Infraestructura Educativa en Crisis: El Rol de Municipios y Gobiernos en su Mejora y Gestión

“Crisis de infraestructura educativa: ¿Cuál es el rol de municipios y gobiernos?”, fue el nombre del conversatorio organizado por el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad de Concepción, Cedeus  y Vital Signs Laboratory en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Casa de Estudios y que tuvo por objetivo conversar y reflexionar en torno a esta problemática.

El evento, que se realizó el 2 de octubre, contó con la participación de destacados invitados e invitadas que, desde sus distintos quehaceres, abordaron el desafío de avanzar en las condiciones en que actualmente se encuentran los establecimientos educativos. Entre los invitados destacan: Esteban Montenegro Iturra, experto en infraestructura y profesional del Subdepartamento de Planificación y Procesos, Ministerio de Educación; Matías Aravena Moraga, Jefe provincial de Educación de Concepción y Elizabeth Oporto, Directora de la Escuela República del Perú.

La investigadora de Cedeus y moderadora de la actividad, María Isabel Rivera, comenzó la discusión destacando los recientes eventos meteorológicos que han puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura escolar en diversas zonas del país, en específico en Talcahuano. Comentó que en agosto, un mes que calificó como «bastante nuboso», se pudieron observar «claramente visibles los problemas de infraestructura que sufren muchos colegios».

Además, la investigadora y académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, se refirió a las manifestaciones recientes de apoderados y docentes, señalando que estos problemas no son nuevos y que están siendo abordados a nivel nacional mediante diversas políticas. «Hoy en día se está discutiendo un proyecto de ley que busca mejorar la gestión educativa y fortalecer la creación de servicios locales de educación pública», destacó Rivera.

Para ofrecer un enfoque desde la experiencia en terreno, Elizabeth Oporto describió cómo las antiguas infraestructuras afectan el ambiente de aprendizaje en su comunidad educativa, ubicada en Hualpén: «Nuestra escuela tiene cincuenta y tres años (…), y mantiene toda la infraestructura de aquellos años hasta la fecha», mencionó.

La Directora subrayó que, a pesar de los esfuerzos de las personas que trabajan en las comunidades educativas, las condiciones físicas de las escuelas muchas veces no cumplen con las normativas actuales, afectando el proceso de aprendizaje. «Hay sistemas eléctricos que, con toda la tecnología y demanda que hay en la actualidad, no son capaces de soportar los requerimientos», lamentó. Además destacó los problemas recurrentes con el sistema de calefacción y las fugas de gas en su establecimiento.

Por su parte, Matías Aravena Moraga, jefe provincial de educación de Concepción, reflexionó sobre la responsabilidad de la educación pública para proteger los derechos de la infancia, especialmente de los estudiantes más vulnerables. «Uno de los roles fundamentales de la escuela pública es justamente atender y proteger los derechos de la infancia», señaló Aravena. Asimismo, reconoció que los problemas actuales en materia de infraestructura no son nuevos, sino que responden a un proceso largo de deficiencias estructurales que los municipios han enfrentado durante décadas.

«Desde la década de los ochenta, los municipios comenzaron a administrar la educación pública y, en consecuencia, a hacerse responsables de brindar las condiciones necesarias para que los niños y niñas puedan estudiar», explicó, destacando la incapacidad de muchos municipios para resolver los problemas de infraestructura.

Finalmente, Esteban Montenegro Iturra, del Ministerio de Educación, aportó una perspectiva de la normativa, señalando que las regulaciones actuales no son suficientes para abordar los problemas de infraestructura escolar. «Tenemos una normativa que es insuficiente y distante de las necesidades actuales», afirmó.

Además, Montenegro destacó los esfuerzos recientes por mejorar estas condiciones —especialmente a través de los Servicios Locales de Educación Pública— y las intervenciones integrales en escuelas emblemáticas, como las mejoras realizadas en la Escuela España, donde se ha trabajado en la reparación de baños y goteras. Pese a eso, reconoce que aún queda mucho por hacer.

Ambientes Educativos Resilientes y Saludables

Profundizar en las distintas dimensiones que involucra materializar mejoras sustantivas en la calidad de la infraestructura educativa desde un debate amplio, es lo que busca el proyecto Ambientes Educativos Resilientes y Saludables (AERS), dentro del cual se enmarcó este conversatorio. La iniciativa, levantada desde Cedeus y liderada por las investigadoras María Isabel Rivera y Maureen Trebilcock, tiene por objetivo evaluar las condiciones ambientales de las escuelas y proponer nuevos estándares para avanzar en la generación de entornos educativos orientados a la salud y el bienestar de las comunidades educativas, además de hacer de estos espacios un aporte a la resiliencia climática y a eventos naturales.

Maureen Trebilcock, investigadora de Cedeus y académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Bío-Bío, explicó que el proyecto no sólo se centra en la generación de datos sobre la temperatura, el dióxido de carbono y el material particulado en las escuelas, sino que también busca influir en la creación de nuevas normativas y herramientas educativas que se incorporen al currículum y a la gestión.

«Esperamos que nuestra investigación pueda contribuir a reducir las brechas entre los estándares nacionales e internacionales, mejorando así las condiciones en los colegios del país», indicó Trebilcock.